El Estado de derecho, el mandato democrático y el problema político

Querer la independencia de Cataluña es un objetivo político perfectamente legítimo. En las elecciones de 2015 tanto Junts pel Sí como la CUP llevaban como objetivo relevante en su programa electoral hacer de Cataluña un Estado independiente. Junts pel Sí ganó las elecciones y con la CUP disponen de mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. De todas formas, se trata de una mayoría parlamentaria que no es suficiente ni para aprobar la ley electoral ni para reformar el Estatuto de Autonomía, una mayoría tan inestable que no pudo elegir al candidato Artur Mas como presidente de la Generalitat como pretendía Junts pel Sí, ni aprobar en un primer intento los presupuestos para el año 2016, lo que motivó la presentación de una cuestión de confianza por parte del presidente Puigdemont.

El Estado de derecho es aquél en lo que todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como la ciudadanía, están sometidos al derecho, o sea a la Constitución y a las leyes. Por ello los poderes públicos y la ciudadanía no pueden hacer lo que quieran sino sólo aquello que permite el ordenamiento jurídico. Ningún poder público ni ningún ciudadano puede dejar de cumplir la ley porque la considere injusta, porque eso sería saltarse el principio básico del Estado de derecho. ¿Quién puede decidir si las leyes son justas o injustas? ¿Pueden los ciudadanos no pagar el impuesto sobre la renta si lo consideran injusto? ¿Quién determina qué leyes son aplicables y cuáles no? ¿Quién pone los límites a los poderes públicos? Cuando en un parlamento hay mayoría absoluta ¿se puede dejar de cumplir la Constitución? Los presidentes Felipe González, Aznar o Pujol, que disponían de mayorías absolutas en sus respectivos Parlamentos ¿podían actuar sin tener en cuenta lo que establece la Constitución? No, porque los Parlamentos no son soberanos. Los titulares de la soberanía son los ciudadanos y las ciudadanas.

A menudo, diversos dirigentes políticos manifiestan que tienen un mandato democrático para llevar Cataluña hacia la independencia, porque en el programa electoral así se explicitaba. Pero desde una perspectiva jurídica, un Parlamento no puede dar un mandato democrático de infringir la Constitución o las leyes porque entonces, ¿cómo se puede exigir a los ciudadanos y a los demás poderes públicos que no infrinjan la ley?

En cualquier caso, España tiene un grave problema político, que crece progresivamente, porque una parte significativa de la ciudadanía de Cataluña quiere separarse de España, si bien es cierto que otra parte, también significativa, aunque no sabemos si mayoritaria, porque no se ha podido hacer una consulta o referéndum en condiciones, no quiere separarse. La única forma de salir de esta situación es una negociación entre el independentismo y el inmovilismo. Debería llegarse a un punto intermedio en el que la mayoría de la población de Cataluña y del resto de España estuviesen de acuerdo. Ciertamente eso es muy difícil, pero mucho más difícil es alcanzar la independencia de Cataluña, porque el Estado español, que dispone de muchos más medios que Cataluña, ya ha dicho, verbalmente y con sus actuaciones, tanto judiciales como políticas, que no lo quiere permitir.

Francesc Pau i Vall es profesor de ciencias políticas de la UPF.