Puigdemont se ofrece a ir al Congreso y Rajoy exige que se vote su proyecto

Carles Puigdemont quiere acudir “lo más pronto posible” al Congreso de los Diputados a explicar su plan de convocar un referéndum de independencia en Cataluña el 1 de octubre. El presidente catalán ha enviado este viernes una carta a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, en la que solicita poder participar en un debate, siempre y cuando no haya votación posterior. La respuesta fue tan rápida como contundente desde La Moncloa: Puigdemont no puede “poner obstáculos a que el Congreso dé su opinión a través de una votación parlamentaria”. Pero la Cámara lo estudiará.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, tiene previsto solicitar un informe a los letrados de la Cámara para saber cómo puede comparecer Puigdemont. El reglamento solo contempla esta posibilidad cuando se defiende una proposición de ley que parta de un Parlamento autónomo o una propuesta de reforma del Estatuto, siempre y cuando posteriormente ese debate derive en una votación. La vía reclamada por la Generalitat solo sería posible a través de una comparecencia extraordinaria en la Comisión Constitucional, en la que podrían participar los portavoces parlamentarios y cualquier ministro.

Pero el Gobierno se niega de forma tajante a permitir la exigencia de la Generalitat y, a través de un comunicado, ha respondido a la propuesta remitida al Congreso por Puigdemont. En esa nota, el Ejecutivo de Rajoy afirma que el presidente autonómico se tiene que explicar, pero rechaza que sea él quien ponga las reglas de su comparecencia parlamentaria. “No puede condicionar ningún formato parlamentario”, reza el comunicado enviado por la tarde, que deja la decisión en manos del Congreso.

En los últimos meses, el Gobierno catalán ha reiterado que solo ha obtenido dos tipos de respuestas por parte del Ejecutivo del PP a sus peticiones. O silencios, como el que siguió al documento con 46 reivindicaciones que Puigdemont trasladó a Rajoy, o negativas, como la carta con la que respondió a su propuesta de negociar los elementos clave del referéndum de independencia. Una propuesta que Rajoy se niega a negociar porque considera que eso supondría quebrantar la soberanía del conjunto de los españoles. En ese sentido de las negativas interpreta también el Govern el comunicado de ayer.

Con la carta enviada por Puigdemont a Pastor, la Generalitat pretendía dejar la iniciativa en manos del Ejecutivo central, aunque la misiva iba dirigida al Congreso. De hecho, Puigdemont quiere contar en la Cámara con un debate de la mayor trascendencia y, por lo tanto, en el que participe el presidente del Gobierno. Pero sin votación. La carta deja claro que la voluntad de Puigdemont es únicamente explicar y que el Congreso escuche “las razones por las cuales” se ha llegado “hasta aquí” y por qué la Generalitat “solicitó dialogar sobre la propuesta de referéndum”. No evita batirse con el resto de líderes parlamentarios, pero se niega a que luego haya una votación. El motivo es que se quiere impedir un revolcón, dada la amplia mayoría antireferéndum que se aglutina alrededor del PP, PSOE y Ciudadanos. En cambio, desde La Moncloa quieren escuchar el plan unilateral de la Generalitat y también el contenido de la Ley de Transitoriedad Jurídica; y, después, valorar el proyecto con una votación.

La carta mantiene viva la oferta de diálogo de Puigdemont, pese a que las entidades independentistas le instan a centrarse en el referéndum unilateral. Pero también es un reflejo de las dudas que asisten al Gobierno catalán una vez que se ha anunciado la fecha de la consulta y la pregunta.

La Generalitat y el propio Puigdemont han cambiado de criterio en varias ocasiones sobre cómo tenía que responder a la propuesta lanzada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que el Gobierno catalán llevara su plan de referéndum al Congreso. La respuesta de la Generalitat, todavía en caliente, fue contundente: “No”. Querían evitar una bochornosa derrota como la que sufrió el plan Ibarretxe y reclamaban un pacto previo entre Ejecutivos. Puigdemont dejó entonces en manos de La Moncloa o del Congreso la iniciativa. Esta no llegó, y ahora en parte se rectifica la estrategia. Pero la pelota vuelve a estar en el tejado del Palau de la Generalitat. A la espera de lo que digan los letrados del Congreso.