El referéndum que no figuraba en el programa electoral

El referéndum de independencia que el presidente catalán Carles Puigdemont ha anunciado para el 1 de octubre amparándolo bajo el “mandato” de los ciudadanos de Cataluña nunca figuró en el programa electoral con el que Junts pel Sí, su plataforma política, ganó las últimas elecciones. El programa que venció los comicios con un 39,5% de los votos solo preveía un referéndum una vez ya declarada la independencia y con el objetivo de aprobar una eventual Constitución catalana.

La razón por la que la coalición electoral formada por Convergència Democràtica y Esquerra Republicana rechazó incluir el referéndum en el programa fue que, para ellos, las propias elecciones del 27 de septiembre de 2015 ya eran un “plebiscito” sobre la independencia. El resultado de las mismas es conocido: los partidos independentistas sumaron el 47,8% de los votos, un porcentaje que el mecanismo de reparto de escaños convirtió en una mayoría absoluta parlamentaria de 72 diputados sobre 135.

El resultado se quedó lejos de las expectativas de Junts pel Sí, que aspiraba a obtener mayoría absoluta sin depender de los anticapitalistas de la CUP. De ahí las caras largas de una noche electoral en la que Artur Mas comenzó a ver peligrar su silla por el anunciado rechazo a apoyarle. Con todo, Mas aseguró aquel día contar con “gran legitimidad” para avanzar hacia la independencia y pidió al Gobierno “que acepte la victoria de Cataluña y del sí”. No habló del referéndum que se ha anunciado este viernes apelando al “mandato popular”.

El programa que ganó las elecciones tiene poco que ver con lo que ha acabado pasando en Cataluña los últimos 18 meses. La promesa electoral era abrir una negociación con el Estado para “hacer efectiva la independencia”. Se apuntaba que en esta fase “se mantendría una actitud expectante respecto a la alternativa de un referéndum vinculante por parte del Estado”, pero se añadía que esta posible oferta tenía que ser “compatible con el horizonte temporal” del programa electoral. O sea que solo podía haber referéndum vinculante si era el Estado quien lo proponía y dentro de los 18 primeros meses de la legislatura. Nada de esto ha pasado.

Pero no solo se ha optado por intentar convocar un referéndum que los catalanes no votaron. El Gobierno de Junts pel Sí tampoco ha cumplido su compromiso de transparencia. El programa era claro en este sentido y prometía “iniciar un proceso constituyente de base social y popular” con un debate público sobre lo que debía ser la Constitución catalana. Dicho procedimiento ha brillado por su ausencia y ha sido sustituido en buena medida por la elaboración de la llamada ley de Transitoriedad Jurídica. Esta ley, cuyo borrador publicó EL PAÍS, ha sido elaborada con toda la opacidad posible con el argumento de evitar la inmediata impugnación por parte del Gobierno.

El gran vencedor del actual panorama político catalán no deja de ser la CUP, que quedó en última posición en las elecciones de 2015 con el 8,2% de los votos y 10 de los 135 escaños en el Parlament. Los cuperos reconocieron abiertamente la noche electoral la “derrota” del plebiscito. Ya entonces los anticapitalistas abogaron por un referéndum, pactado o no, precisamente el mismo que Puigdemont ha anunciado este viernes.