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La trama del 3% camufló a cargos de CDC con nombres en castellano

La Fiscalía acusa al presidente del puerto, Sixte Cambra, de mediar en dos adjudicaciones a favor de Copisa

Registros de la Guardia Civil en la Torre Mapfre en Barcelona.
Registros de la Guardia Civil en la Torre Mapfre en Barcelona.

Los empresarios implicados en el caso 3% inventaron nombres en clave, en castellano, para aludir a cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) presuntamente involucrados en el cobro de comisiones a cambio de obra pública. El exgerente del partido y diputado Germà Gordó era “Gerardo” o “Gregorio”; el extesorero, Andreu Viloca, era conocido como “Antonio”; y al responsable de régimen interno, Francesc Sánchez, le fue asignado el alias de Fernando. Dos empresarios admitieron, en su declaración, que “Gregorio” era Gordó, según revela el sumario al que ha accedido EL PAÍS.

El juez de El Vendrell (Penedès) que investiga la presunta trama de corrupción ha levantado parcialmente el secreto del sumario. Los informes de la Fiscalía Anticorrupción revelan las maniobras de los empresarios para evitar que se identificara el nombre de los altos responsables de Convergència —hoy rebautizada PDeCAT— con los que, presuntamente, pactaban las mordidas. Para ello, otorgaron nombres castellanos cuya primera letra (G, A, F) coincide con la de sus nombres reales, en catalán. Según la investigación, empresas adjudicatarias pagaron donaciones a las fundaciones afines al partido (CatDem y Fòrum Barcelona) a cambio de que esos cargos intermediaran ante organismos públicos conseguir adjudicaciones millonarias.

La Fiscalía Anticorrupción detalla los indicios en un extenso informe previo a la última oleada de registros y detenciones, el pasado mes de febrero. En esa operación resultaron implicados el presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y el exteniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, el convergente Antoni Vives. El informe atribuye a Cambra la participación en dos adjudicaciones bajo sospecha: el refuerzo del dique Este (36 millones) y los accesos de la ampliación sur. El 7 de febrero de 2012, “tras la publicación del anuncio de licitación”, el responsable del puerto se reunió con el extesorero Viloca. El encuentro fue propiciado por el consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, uno de los empresarios implicados. La obra fue adjudicada a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benito Arnó e Hijos. Copisa pagó por ella, presuntamente, una donación de 50.000 euros.

La segunda obra del puerto son las obras de los “nuevos accesos” de la ampliación sur. Ya en mayo de 2016 consta, según la Fiscalía, una reunión entre Cambra, Viloca y Francesc Sánchez, cuando este ya era “responsable económico del partido”. Según la Guardia Civil, los empresarios identificaban a Sánchez con el nombre en clave de “Fernando” y le definían como “el sustituto de Gerardo”.

Declaraciones clave

Los responsables de otorgar esos alias —y también del de “Antonio” para Viloca— son los empresarios Sergio Lerma y Josep Manel Bassols, de la mercantil Oproler. Ambos han sido clave para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidiera, la semana pasada, abrir una investigación contra Gordó, que tras su imputación ha abandonado el grupo de Junts pel Sí pero permanece como diputado no adscrito en el Parlament. En sus declaraciones, admitieron que las anotaciones en las que aparece “Gregorio” o “Gerardo” aluden, en realidad, a Gordó.

La declaración es uno de los elementos que el juez citó para pedir, a principios de mayo y por segunda vez, la imputación de Gordó. El diputado, según su versión, habría hecho “gestiones” ante entes públicos como Infraestructures.cat —el mayor adjudicador de obra pública de la Generalitat— para “conseguir que se otorgase contratación a empresas donantes de las fundaciones” de CDC. Esa participación se concreta en, al menos, cuatro concursos: obras de mantenimiento de escuelas en Barcelona, las dos obras citadas del puerto y la construcción de un instituto en Manresa.

Además de conseguir dinero para el partido, Gordó obtuvo, según el auto del TSJC, regalos de Pasquina, como cacerías y entradas a fútbol. La empresa que logró la adjudicación del instituto por 3,3 millones. En una nota incautada a Bassols, el empresario alude a “Gregorio” y añade a continuación “compromiso obra” y “tendremos obra dentro de este año”. La nota está fechada el 2 de julio de 2012. Gordó era entonces secretario de Gobierno del expresident Mas, con la atribución de “supervisar y coordinar” la adjudicación de obra pública de la Generalitat

La agenda de Gordó “no consta en ningún depósito”

Una de las razones que ha llevado al TSJC a cambiar de criterio y abrir investigación contra Gordó es la respuesta que envió la Generalitat cuando el juez le pidió su agenda oficial. La respuesta del secretario de Gobierno, Joan Vidal, consta en el sumario y es negativa. La agenda no aparece. Ni en papel ni en formato electrónico. Vidal la pidió al archivo de Presidencia, que contestó “en el sentido de que no consta ningún depósito en el archivo de esta agenda oficial”. También, a Comunicaciones, que no “tienen constancia de cuál era el buzón de correo” que la tenía, y recuerda que el correo personal “migró”, lo que obligó a “eliminar” el buzón. “Por ahora no hay rastro de información”.