La Generalitat multa a Gas Natural con 500.000 euros por la muerte de la anciana de Reus

La Generalitat ya ha cerrado el expediente que abrió a Gas Natural por la muerte de una anciana sin recurso en Reus (Tarragona) el año pasado y que tenía la luz cortada a pesar de estar cobijada por la ley catalana contra la pobreza energética. La compañía se enfrenta a una multa de 500.000 euros, recurrible, ha anunciado esta tarde el Secretario de Empresa del Gobierno catalán, Joan Aregio. La investigación llevada a cabo por la Agencia Catalana de Consumo asegura que Gas Natural incumplió la norma, que establece la obligatoriedad de avisar a los servicios sociales antes de realizar una suspensión en el servicio por falta de pago.

El expediente gradúa a infracción como grave, si bien le da la categoría de muy grave al sumar dos agravantes: los ancianos son considerados una población de especial protección dentro del Código Catalán de Consumo y los hechos generaron "una alteración social grave, alarma y desconfianza". Las infracciones graves tienen multas entre 10.000 y 100.000 euros, pero al tener en cuenta los dos otros factores la cuantía de la penalización se ubica en los 500.000. El código establece multas de hasta un millón de euros, pero para poder imponerlas deben cumplirse otros factores como la reincidencia.

"Se trata de una sanción justa", ha asegurado Aregio cuando se le ha preguntado si se trataba de una multa que pretendía ser ejemplificante. El 15 de noviembre del año pasado, una mujer de 80 años que vivía en Reus y tenía la luz cortada por falta de pago murió después de que su piso se incendiara por una de las velas con las que iluminaba su hogar. El Ayuntamiento de Reus sí le pagaba el recibo del agua. La muerte causó gran revuelo pues puso de manifiesto el incumplimiento sistemático de la Ley 24/2015, que establece el llamado principio de precaución, la obligación de las empresas de comunicar a los servicios sociales municipales antes de realizar un corte para confirmar que no se trata de una familia vulnerable.

Gas Natural defendió entonces que no cumplía la ley porque carecía de un protocolo que la desarrollara y explicó que mantenía conversaciones con el Ayuntamiento de Reus para ayudar a los casos de pobreza energética que encontraba. La Generalitat, en su día, publicó un protocolo en la web de la Agencia de Consumo donde explicaba cómo operaba el principio de precaución, pero tanto Gas Natural como la patronal energética Unesa consideran que es un documento sin carácter vinculante porque no ha sido aprobado por el Ejecutivo catalán. El texto, de hecho, fue recurrido por Unesa.

La compañía tiene dos meses para decidir si recurre la multa, lo cual abriría la vía contenciosa administrativa. Esto implica que seguramente la sanción tardará meses en hacerse efectiva. Aregio ha asegurado que aún negocia la posibilidad de cambiar los términos de la ley catalana contra la pobreza energética para hacerla "más operativa" pero que se trata de una modificación que tiene que tener el mismo consenso que dio luz a la norma inicial.