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Los colegios valencianos mantendrán el nivel de plurilingüismo que han elegido

El Tribunal Superior confirma que las escuelas concertadas no pueden imponer la compra de uniformes

Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterio al pleno del Consell.
Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterio al pleno del Consell.

Los colegios valencianos mantendrán el nivel de plurilingüismo que han elegido, independientemente de si el Tribunal Superior levanta o no la suspensión cautelar sobre el decreto que regula el nuevo modelo lingüístico. La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, lo ha asegurado este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Oltra ha considerado que los jueces pueden haber actuado con "exceso de prudencia".

El Tribunal Superior ha confirmado, por otra parte, que la norma que prohíbe a los centros concertados imponer la compra de uniformes y otros equipamientos a los alumnos es legal, en contra del recurso presentado por la patronal de escuelas católicas.

Oltra ha indicado que la matriculación de alumnos para el curso que viene continúa como estaba prevista y en ningún caso se va a volver al modelo lingüístico anterior. "No hay plan b porque aunque se mantenga la suspensión cautelar se aplicará el proyecto lingüístico del centro, y al aplicarse, que es lo mismo que se aplicaría en caso de decreto, no hay variación, no se vuelve al antiguo modelo del PP".

La Generalitat no contempla, por tanto, reintroducir el sistema de líneas en castellano y valenciano. Ya que, según Oltra, se ha dado autonomía para que cada centro elija su proyecto lingüístico, con distintas proporciones entre las dos lenguas cooficiales, valenciano y castellano, además de inglés, y este sistema se mantendrá en todo caso para el próximo curso.

La portavoz ha defendido, como el jueves hizo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la legalidad de la nueva normativa, suspendida a raíz de un recurso de la Diputación de Alicante. Y ha opinado que no existe "daño irreparable" que justifique la medida cautelar, que el Consell va a recurrir.

Según la vicepresidenta no existe riesgo de daño irreparable porque el modelo establecido con el decreto comenzará a aplicarse el curso que viene en Infantil, una etapa educativa que no es obligatoria, y por tanto no puede acarrear consecuencias irremediables.

Y, además, porque las dudas de legalidad observadas por la Sección Cuarta de la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior se refieren a las diferentes acreditaciones de conocimientos lingüísticos que acarreará el nivel de plurilingüismo elegido por los centros (básico, intermedio y avanzado). Pero estas acreditaciones (entre el A2 y el C1, según el nivel de plurilingüismo y si se trata de inglés o de valenciano) no se concederán hasta el año 2024. Por ello, cree Oltra, "hay tiempo suficiente para que haya una resolución judicial sobre el fondo del asunto" sin necesidad de establecer medidas cautelares.

Uniformes

Después del jarro de agua fría que ha implicado la suspensión del decreto de plurilingüismo, el Tribunal Superior ha dado este viernes una buena noticia a la Consejería de Educación, al rechazar otro recurso de federación de padres de escuelas católicas, en este caso contra el decreto de admisión de alumnos. La patronal de la concertada consideraba ilegal, entre otros, el precepto que establece que: "No se podrá exigir la adquisición de material o equipamiento escolar en establecimientos determinados" a los alumnos, en referencia, por ejemplo, a los uniformes.

Contra la interpretación que hacía la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, el tribunal concluye que el artículo recurrido "no puede jamás entenderse como la prohibición de comprar dicho material o equipamiento en el colegio, sino que abre a los padres un abanico de posibilidades al impedir al mismo la imposición de acudir a él o a cualquier otro determinado con carácter exclusivo".

El Gobierno valenciano ha aprobado, de otro lado, el programa anual de controles financieros específicos de 2017, que incluye a los centros docentes públicos y privados concertados, además de al Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y al Registro Unificado de Facturas.

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