La oposición amplía su denuncia a Anticorrupción del Canal de Isabel II

La diputada del PSOE, Mercedes Gallizo, ha destacado esta mañana a la puerta de la Fiscalía que estos datos "amplían el foco en el que creemos se debe investigar". La entrega anterior se centraba sobre todo en la adquisición de la mercantil brasileña Emissão Engenharia e Construçaõ (investigada en la Operación Lezo), que según las pesquisas de los parlamentarios habría supuesto un quebranto para las arcas públicas de 35 millones de euros.

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Entre la nueva información se encuentran las explicaciones de un bufete de abogados uruguayo a los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid. Estos permiten reconstruir el enmarañado proceso por el que se creó la sociedad instrumental Soluciones Andinas de Aguas, la firma usada por el Canal para adquirir en 2013 Emissão Engenharia e Construçaõ. "Creemos que va a ser muy interesante para la investigación", ha puntualizado Gallizo.

Al mismo tiempo, han entregado información sobre los trabajos realizados por la empresa de auditoría KPMG para el Canal. Los parlamentarios consideran que existen contradicciones entre la declaración de uno de los socios de la firma de auditoría en la comisión parlamentaria y el auto del juez Eloy Velasco de la operación Lezo. El socio compareciente negó que se hubiera realizado ninguna valoración cuando se compró Emissão, mientras que el juez indica que hubo un informe en el que se ponían de manifiesto riesgos para la adquisición.

KPMG ha contestado en un comunicado que se ha producido "una confusión" entre el informe que efectivamente realizaron (un análisis de carácter financiero, fiscal y laboral en la compañía denominado due diligence), que no tiene nada que ver con la valoración por la que fueron preguntados en sede parlamentaria. 

Los diputados también reprochan que se contratara a KPMG como encargada de llevar a cabo las auditorías y, al mismo tiempo, para labores de asesoría "lo que parece contradictorio". La firma ha rechazado esta acusación, porque se trata de "trabajos compatibles y no impactan en la independencia del auditor, tal y como refleja el propio Reglamento de Auditoría de la Unión Europea”.

Por otra parte, los diputados han adjuntado en la denuncia los contratos con asesorías de diferentes despachos, algunos de una gran cuantía y, "en su mayoría hechos sin concurrencia pública". El problema consiste en que desconocen si esos trabajos se han llevado a cabo o no, porque se les ha respondido que "no hay ningún documento" al tratarse de “asesorías verbales”.

Los parlamentarios también ponen en el punto de mira la adquisición de Inassa en 2001, la filial con la que el Canal comenzó a crecer en Sudamérica. En este sentido, proponen que se determine el papel que jugaron las diferentes personas que se encontraban en ese momento al frente del ente público de gestión de aguas, como el de Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas. En su opinión, existen numerosas coincidencias entre la compra de Inassa (que se realiza con una sociedad pantalla radicada en Panamá), y la de Emissão, que se deberían investigar.