El Consistorio intenta retener inversiones por 64 millones para cumplir la ley

El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, avanza en su senda de corrección de gasto sin obtener el apoyo de los demás partidos. Este miércoles, el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, propuso inmovilizar 63 de los 238 millones de euros que debe retener para cumplir con Ley de Estabilidad. El PSOE, PP y Ciudadanos reprocharon a Mato la mala gestión financiera del año pasado y se abstuvieron. Esta primera corrección de gasto deberá pasar por el pleno.

El debate aen la comisión de Economía y Hacienda fue más bronco de lo habitual. Todos los grupos políticos de la oposición —PSOE, PP y Ciudadanos— achacaron al delegado del área económica, Carlos Sánchez Mato, la responsabilidad del incumplimiento en 2016 del techo de gasto por un importe de 233 millones. A raíz de ese exceso, el Ministerio de Hacienda exige al gobierno municipal que congele 238 millones de los presupuestos. En la comisión del ramo, Mato propuso una primera retención de 63 millones del paquete de inversiones previstas para 26 polideportivos, 22 colegios, 13 vías públicas, siete centros culturales, cuatro parques y decenas de actuaciones en todos los distritos de la capital.

Según el gobierno local, pese a que se congelarán esos 63 millones, las actuaciones no se perderán, puesto que pasarán a ser financiadas por los fondos "financieramente sostenibles" procedentes del remanente de tesorería. Se trata de transferencias que deberán contar con el visto bueno de Hacienda y superar unos filtros que a menudo dificultan su concesión (las obras deben ejecutarse en el año natural y no implicar gastos añadidos en los años siguientes).

Según el delegado de Economía y Hacienda, esta retención de crédito ya estaba contemplada en el plan económico y financiero que Hacienda rechazó hace dos semanas. El PSOE, que avaló ese documento, considera que al ser tumbado por Montoro ya no tiene valor y exige al gobierno un plan que desglose tiempos y modos para cumplir con la ley sin que eso afecte a la prestación de servicios.

Todas las fuerzas de la oposición coincidieron en que los recortes que el gobierno deberá acometer son debidos a errores de gestión y estrategias equivocadas en cuanto al gasto público. En diciembre del año pasado, pocos días antes del cierre del ejercicio, el Consistorio compró un edificio en la calle de Alcalá por 104 millones, y otros 130 millones se dirigieron a la adquisición de última hora de parcelas de terreno.

El PP y Ciudadanos sostuvieron que Mato sabía que, de cerrarse esas operaciones, el incumplimiento de la regla de gasto —el límite fijado por ley al gasto de las corporaciones locales— se habría disparado. Pero sostienen que Mato las cerró hizo igualmente para "maquillar" la ejecución presupuestaria y no admitir que el grueso de las promesas del año pasado no se habían realizado.

"En vez de recortarles el dinero a los ciudadanos, podían recortar el gasto en propaganda o en la radio municipal", criticó Íñigo Henríquez de Luna, del PP. Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos, calificó a Sánchez Mato de "kamikaze financiero" por estar más interasado "en su rédito político que en el de los madrileños". Ciudadanos exige la dimisión del concejal de Economía por "falta de lealtad a los madrileños".

El PSOE, socio de investidura de Ahora Madrid y formación que aprobó las cuentas municipales en 2016 y 2017, alertó a Carmena de que no se hará responsable de estos recortes y que exige que todas sus enmiendas incluidas en los presupuestos deberán llevarse a cabo.