Puigdemont endosa a ERC el desbloqueo del referéndum

El presidente afirma que la votación se celebrará a pesar de la suspensión de la partida presupuestaria

Carles Puigdemont confirmó este lunes su compromiso de que el referéndum sobre Cataluña se celebre como muy tarde en septiembre. El president relativizó la dificultad de sortear la suspensión del Tribunal Constitucional. “Estoy convencido de que encontraremos la manera de hacerlo. Me consta que el Departamento de Economía ya lo ha pensado”, dijo endosando el encargo al vicepresidente Oriol Junqueras.

Llegada del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Catalunya Ràdio.
Llegada del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Catalunya Ràdio.Massimiliano Minocri

Puigdemont insistió en que su decisión de organizar el referéndum es firme, pero se resiste a fijar la fecha porque quiere explorar hasta el final un acuerdo con el Gobierno. Su postura está agotando la paciencia de sus socios anticapitalistas de la CUP, que sostienen que es obvio que Mariano Rajoy no cambiará de opinión. “Cuando demos la fecha querrá decir que todo está preparado”, replicó en Catalunya Ràdio el president.

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La realidad es que bajo la organización del referéndum de autodeterminación se está produciendo la soterrada pugna entre el PDeCAT, heredero de Convergència, y Esquerra, socios ahora de Gobierno y rivales en las futuras elecciones, sean del cariz que sean. Todas las encuestas vaticinan la victoria de los republicanos y el desplome de los neoconvergentes. Puigdemont ya comunicó hace tiempo a su partido su intención de no ser candidato.

El conflicto latente reside precisamente ahí, porque quien firme la convocatoria del referéndum corre el riesgo de ser inhabilitado por la justicia como les ha sucedido ya a Francesc Homs, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N. Junqueras ya brindó la opción de firmar la convocatoria de forma colegiada por todos los miembros del Gobierno.

La justicia hasta ahora ha abierto causas contra miembros de la Mesa del Parlament y ha realizado numerosas advertencias a los miembros del Ejecutivo catalán. El Tribunal Constitucional estrechó el cerco la semana pasada cuando suspendió la partida del referéndum contemplada en los Presupuestos catalanes. Por primera vez, advirtió, además de a los consejeros, a los altos cargos de la Generalitat por la responsabilidad penal en la que podrían incurrir si se involucran en el referéndum.

Estructuras de Estado

Paralelamente, una veintena de empresas (tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad) han tenido que dar explicaciones a la Audiencia Nacional por los contratos que presuntamente han firmado con el Gobierno catalán para impulsar dos de las denominadas estructuras de Estado (la agencia tributaria y la de la inteligencia). En el requerimiento, se les comunicó que si no colaboraban con la justicia podrían cometer un delito de malversación. Algunas firmas ya han aportado la documentación correspondiente. Fuentes judiciales anticiparon que muchas no se implicarán en la consulta para eludir el conflicto judicial.

Pese a las trabas que envuelven la logística del referéndum, Puigdemont aseguró que Junqueras ya las ha resuelto. Un portavoz de Economía rechazó abordar el asunto al ser preguntado por EL PAÍS. El president, eso sí, aseguró que lo que más le interesa es el grado de participación de la consulta. “Aplicaremos el resultado inmediatamente”, insistió. La teoría de los independentistas es que el referéndum ganará legitimidad cuantos más ciudadanos acudan a votar. La CUP está convencida de que los electores de los partidos contrarios a la secesión —Ciudadanos, PSC y PP— ignorarán las consignas y acudirán a votar. En la consulta del 9-N, 100.000 ciudadanos votaron no. En el hipotético caso de que el Constitucional inhabilite el Parlament si aprueba la ley de transitoriedad jurídica, Puigdemont avisó de que será el Gobierno central el que protagonice “el primer acto de ruptura”.

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