La presión judicial a las empresas dificulta el plan soberanista de Puigdemont

Las grandes compañías están dispuestas a renunciar a contratos públicos para evitar conflictos con la justicia

Rigau, Mas y Ortega tras conocer la sentencia.
Rigau, Mas y Ortega tras conocer la sentencia.Joan Sánchez

La presión judicial sobre las empresas que trabajan para la Generalitat añade dificultades al plan independentista del president Carles Puigdemont. Los proveedores son conscientes de las posibles consecuencias penales de prestar servicios que, de una u otra forma, sirvan para impulsar el procés. Algunas están dispuestas a dar un paso atrás, e incluso renunciar a contratos públicos conflictivos, lo que puede suponer una traba adicional para desarrollar las “estructuras de Estado” (como la Hacienda propia) e incluso la eventual organización de un referéndum.

Unas 20 empresas (tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad) se han visto forzadas a dar explicaciones a la fiscalía por contratos con el Gobierno catalán ligados, presuntamente, a dos de las “estructuras de Estado” que la Generalitat pretende crear: la hacienda propia y los servicios de inteligencia. Se enfrentan a la advertencia de que, si no colaboran con la justicia, pueden cometer un delito de malversación. Fuentes judiciales dan por descontada la colaboración de las empresas —algunas ya han aportado documentación— y creen que se abstendrán de asumir encargos que claramente impulsen el proceso independentista.

Fuentes de una multinacional afectada por esta situación admiten a EL PAÍS los riesgos y dan por hecho que las grandes firmas huirán del conflicto judicial. Señalan, no obstante, que la fórmula de trocear los encargos por parte de la Generalitat (diferentes proyectos se encajan como engranajes que acaban formando un sistema) abre la posibilidad de que pequeñas firmas tecnológicas especializadas asuman el riesgo. “Las empresas son una pieza, pero no ven el puzle”, señala un abogado al corriente de esos trámites. Otros ejecutivos del sector son más escépticos con las consecuencias coercitivas de los trabajos de la Audiencia Nacional. “A nosotros nos contratan por nuestro trabajo y ya está. No nos pueden pedir que tomemos posición”, dice uno.

Los recelos de las empresas (transformados ahora en miedo) vienen de lejos. Pero el 27 de julio de 2015 marcó un punto de inflexión. Artur Mas, entonces presidente catalán, presentó su modelo de hacienda pública en un acto que varias empresas asistentes consideraron una “encerrona”. Mas reveló los nombres de las firmas que habían elaborado informes para el proyecto: KPMG, Deloitte, Everis o la escuela de negocios Esade. El contrato para elaborar el nuevo programa de gestión y recaudación de impuestos de la Generalitat recayó sobre IBM.

Para entonces, la querella de la fiscalía contra Mas y dos de sus consejeras por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese al veto del Tribunal Constitucional estaba en punto muerto. Tras el verano, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les citó a declarar como imputados. La instrucción destapó el papel clave de las empresas. La Generalitat no había dejado la consulta en manos de voluntarios, sino que los trabajos materiales (informática, logística) fueron “encomendados principalmente a contratistas privados”, recoge la sentencia del 9-N que condenó a Mas a dos años de inhabilitación.

Las lecciones del 9-N

El 9-N fue una lección para todos. La Generalitat logró sorprender a la fiscalía al adjudicar los trabajos para la consulta mediante “contratos programa” con grandes empresas, de forma que pasaran inadvertidos. Hubo otros “cordones sanitarios”, señalan fuentes judiciales; por ejemplo, que los contratos fueron adjudicados por un órgano de la Generalitat (el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) y que las empresas subcontrataron, a su vez, algunos servicios.

Las empresas salieron indemnes y sus responsables solo declararon como testigos. En aquella ocasión, solo la multinacional T-Systems expresó, antes de la consulta, sus dudas sobre si debía seguir adelante con los trabajos por el veto del Constitucional. “Esa actitud más vigilante es la que van a mantener a partir de ahora. No van a dar pasos en falso”, relata un abogado.

La fiscalía, por su parte, aprendió que debía anticiparse. “Ha habido un cambio de estrategia. Ya no advierten solo a los políticos sino a las empresas, que son clave”, explica un abogado consultado. El Gobierno catalán sospecha que las instituciones del Estado intentan que el proceso independentista muera por la ausencia de apoyo de las empresas proveedoras de la tecnología para crear las “estructuras de Estado” y el propio referéndum. “Nosotros queremos hacer las cosas bien pero nos ponen palos en las ruedas; si no podemos hacerlo, ya veremos por culpa de quién es”, alegan fuentes del Ejecutivo, que se mantiene firme en celebrar la consulta. La Generalitat sostiene que sus actuaciones se ajustan a derecho, pese a que el Tribunal Constitucional ya ha advertido de que ese referéndum sería ilegal.

A esas pesquisas, abiertas desde hace un año, se sumaron el pasado marzo las de la Fiscalía Superior de Cataluña. El ministerio público indaga si se han encomendado ya trabajos de preparación del referéndum anunciado para septiembre. A diferencia de lo que ocurrió en la causa del 9-N, la fiscalía no duda en hablar ahora de malversación de fondos públicos, delito que, a diferencia de la desobediencia o la prevaricación, conlleva penas de cárcel.

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