La justicia investiga si ocho pacientes murieron por los recortes en Cataluña

La Audiencia de Barcelona ha ordenado que se investigue si la muerte de ocho pacientes del hospital de Vall d’Hebron está vinculada con los recortes en la sanidad catalana y el consecuente aumento de las listas de espera. El hospital lo niega y asegura que en todos los casos —denunciados por el exjefe de cirugía cardiaca— los pacientes estaban dentro del tiempo máximo de espera que fija la ley para operaciones del corazón (90 días).

Un juez de Instrucción de Barcelona había dado carpetazo al caso argumentando que ni los recortes ni “el empeoramiento de las condiciones y de la calidad del sistema médico público” pueden ser “objeto de control judicial”. El abogado de Manuel Galiñanes, el exjefe de cirugía cardiaca que denunció los casos, recurrió el auto de archivo y, ahora, la Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona le ha dado la razón. Los magistrados señalan que debe reabrirse la causa y ordenan al juez que practique las diligencias que crea necesarias para comprobar si hay relación causa-efecto entre los recortes y la muerte de pacientes que aguardaban una operación.

Galiñanes presentó una denuncia ante el juzgado por prevaricación, homicidio imprudente y malversación. En su escrito explica que, a partir de julio de 2015, la gerencia de Vall d’Hebron —el hospital público más grande de Cataluña— practicó una serie de recortes que mermaron los “medios materiales y personales” del servicio de cirugía cardiaca. De 15 intervenciones semanales se pasó a apenas dos o tres. Muchas operaciones se pospusieron, lo que provocó, en su opinión, la muerte de al menos ocho pacientes. El hospital niega la mayor: “Esto es penoso porque no es verdad. Se prioriza según los criterios clínicos”, zanjó ayer el gerente, Vincenç Martínez Ibáñez.

El cirujano denunció además una presunta “manipulación”, por parte de la gerencia del hospital, de las listas de espera de cirugía cardiaca. Galiñanes sostiene que, si bien el plazo máximo de espera estipulado por ley para una intervención de este tipo son 90 días, el centro modificaba los plazos al añadir una nueva enfermedad inexistente en la historia clínica del enfermo, poniendo así de nuevo a cero el contador del paciente en lista de espera.

La directora médica, Anna Ochoa, negó la manipulación y aseguró que, una vez que se inscribe un paciente en la lista de espera, no se puede manipular el cómputo. “La única forma de borrar un paciente de una lista es darle la baja definitiva”, advirtió. Y añadió que no se puede eliminar nada del historial, por lo que “la justicia podrá comprobar” fácilmente si hubo o no manipulación. Todos los pacientes cardiacos, agregó, se operan antes de 90 días.

Sobre la reducción de horas de quirófano y operaciones que denunció Galiñanes, Ochoa matizó que siempre se hacen las mismas operaciones, excepto en vacaciones. “Hacemos unas 15 operaciones semanales: 10 programadas y reservamos unas cinco para urgencias. Esa es la dinámica habitual. Se reducen la actividad en períodos vacacionales, donde solo operamos urgencias”, indicó.

La Audiencia recuerda que la gerencia del hospital “tiene la posición de garantizar, o hacer lo posible, para que dicho resultado [la muerte de los pacientes] no se produzca”. Y agrega que, según la denuncia del exjefe de cirugía, la gerencia “conocía la posibilidad de que los pacientes requerían la urgente intervención quirúrgica para salvar su vida” y, pese a ello, no destinó “los medios materiales” necesarios. El auto, avanzado ayer por La Vanguardia, señala además que, mientras se acometían esos recortes, Galiñanes remitió “continuos correos electrónicos” al gerente advirtiéndole de la situación de colapso.

Martínez Ibáñez reconoció ayer haber recibido los mensajes y, según su versión, inició una investigación sobre los casos denunciados pero desestimó cualquier vinculación de los fallecimientos con los recortes. “Por la patología que tenían los pacientes, era posible que muriesen. Unos fallecieron por muerte súbita, ictus, cáncer y otros no se operaron porque ellos mismos no quisieron. No hubo ninguna denuncia de las familias”, apoyó el actual jefe del servicio de cirugía cardiaca, Albert Igual. Según el hospital, la ratio de mortalidad en lista de espera en el centro es de 0,27%, cuando la literatura científica sitúa la media habitual en un 0,43%.

Los magistrados admiten que la fiscalía ya archivó inicialmente unas diligencias de investigación al no apreciar una relación causal entre los recortes y las muertes. Pero matizan que alcanzó esa conclusión tras analizar un informe elaborado por el director gerente del Instituto Catalán de la Salud. En opinión de la Sección 21ª, si existe o no una relación de causa-efecto es algo que debe determinar “un forense especialista cardiaco”, o sea un experto en la materia.