Educar la desobediencia

Ya conocemos las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo sobre el 9-N y las valoraciones críticas y elogiosas que, posteriormente, realizaron algunos juristas profesores de universidad sobre los fundamentos de derecho utilizados para condenar a Mas, Ortega, Rigau y Homs como autores penalmente responsables de un delito de desobediencia. Las sentencias condenan a un expresidente de gobierno autonómico, a su vicepresidenta y a dos consejeros por la supuesta organización, en contra de lo dictado por el Tribunal Constitucional, de un proceso participativo sin amparo legal (porque el gobierno de Mas decidió no aplicar la Ley 10/2014, de consultas populares no referendarias, suspendida por el mismo Tribunal), no vinculante y en el que colaboraron más de 40.000 voluntarios.

Fueron a votar 2.344.828 catalanes insurrectos que hicieron caso omiso de la prohibición de las autoridades públicas españolas y participaron en lo que podemos considerar un acto de desobediencia civil. Durante los juicios hubo unanimidad en el rechazo a la desobediencia: unos acusaron a otros de desobedecer y pedían una condena, y los acusados afirmaron que nunca desobedecieron. Artur Mas incluso manifestó en una entrevista que la desobediencia es un “marco mental de la CUP” y que no formaba parte del suyo, huyendo de la desobediencia como de la peste.

Desde la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de 2006 hasta hoy, en Cataluña se han utilizado todas las acepciones del concepto de desobediencia. Durante años se ha confundido el tipo delictivo de desobediencia con la desobediencia civil, la desobediencia individual con la colectiva, la desobediencia institucional con la social y la desobediencia sobre el proceso para conseguir la independencia de Cataluña con la desobediencia sobre los derechos fundamentales. Pero lo más grave es que casi la totalidad de las declaraciones políticas y de las informaciones periodísticas han condenado sin matices la desobediencia y la han identificado con actitudes radicales y reprobables. Y la desobediencia, sin más, no hay que criminalizarla ni glorificarla.

La desobediencia no es mala ni por naturaleza ni por deducción. Hay muchas experiencias históricas que demuestran que la desobediencia ha sido el germen de beneficiosos cambios políticos y un motor del progreso social. Por ello se habla de la desobediencia civil como una forma pacífica de disidencia social que tiene como finalidad la protección del interés general. Contravenir leyes y mandatos de las autoridades para combatir la institucionalización de la injusticia y proteger determinados valores políticos y sociales es lo que hicieron, entre muchos otros, los movimientos sufragistas, antirracistas, obreros, feministas, ecologistas, antimilitaristas o antiglobalización. Todos se basaron en una manifiesta vulneración de la legalidad vigente para la defensa de la dignidad humana y todos adoptaron la desobediencia como un proceder adecuado e imprescindible para la evolución de la humanidad.

La desobediencia, como expresión del pluralismo político, es también un buen instrumento de alerta y de consciencia social ante el abuso del poder político. Las decisiones políticas manifiestamente injustas no deberían ser acatadas, ya que la justicia es un valor superior al ordenamiento jurídico que contemplan las constituciones democráticas, que va más allá del derecho y que entronca con las virtudes humanas. La capacidad ciudadana para desobedecer es un buen síntoma de salud democrática de nuestras sociedades, mientras que un pueblo permanentemente sumiso, dócil y disciplinado es incapaz de advertir actitudes despóticas y de reaccionar ante actuaciones opresivas de las autoridades. Estar dispuestos a desobedecer es fundamental para progresar en democracia.

El sistema educativo debería incluir, entre las competencias sociales y cívicas, la aptitud de desobedecer como respuesta a quienes ejercen el poder y crean situaciones de manifiesto atropello y quebrantamiento de los derechos humanos y civiles. Si la llamada competencia cívica “conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad”, parece lógico que también sea imprescindible aprender a infringir, a insubordinarse y a rebelarse contra quienes provocan injusticias sociales. Formar ciudadanos responsables que respeten y protejan los principios democráticos, los derechos fundamentales y las libertades públicas, requiere enseñar a reflexionar qué, cómo, cuándo, dónde y por qué hay que desobedecer, y saber que la desobediencia, como forma de participación política, puede llegar a ser un acto ilícito, pero también necesario y legítimo.

Sin duda, es más difícil educar la desobediencia que la obediencia, pero ambas conductas son socialmente necesarias.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB.