De Lara registra la Cámara de Comercio de Lugo

La juez Pilar de Lara, instructora de los casos Carioca, Pokémon o Cóndor, investiga la Cámara de Comercio de Lugo. El pasado lunes su juzgado, Instrucción 1, ordenó la entrada y registro en las sedes de la entidad, situadas en el edificio de la UNED y en Ramón Ferreiro, y la comitiva se desplazó también a los locales de la Confederación de Empresarios en la ciudad, en la plaza de Santo Domingo, que ahora acoge servicios de la Cámara. Según fuentes de la investigación, los registros se prolongaron desde la mañana hasta bien entrada la madrugada del martes. La magistrada de Lugo parte de una denuncia formalizada por la fiscalía lucense, que a su vez se cimenta en otras del Consello de Contas de Galicia.

Según las mismas fuentes, Contas detectó "graves irregularidades en el funcionamiento y gestión de la cámara al menos durante los ejercicios 2010 y 2011". Los hechos "podrían constituir delitos de malversación caudales públicos, alzamiento bienes, contrataciones ilegales y fraude en subvenciones". El registro se ha ordenado después de que tanto desde el Consello de Contas en el año 2014 como desde el propio juzgado, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, se reclamase a la Cámara una serie de documentos que nunca llegó a facilitar.

Lo que se trata de investigar son adjudicaciones presuntamente ilícitas de contratos o servicios a determinadas empresas, subvenciones, viajes y contrataciones de trabajadores, becarios y profesorado para la realización de cursos. También se pone el foco en las propias cuentas de la entidad, y aunque la denuncia se refiere a los años 2010 y 2011, el juzgado revisará también otros ejercicios.

Durante los registros no se practicó ninguna detención y por el momento tampoco hay imputados. Los agentes de Aduanas se llevaron varias cajas de documentos que ahora están estudiando. El presidente de la Cámara de Lugo, Xabier Díaz, ha rehusado hacer declaraciones sobre los registros judiciales porque es un asunto que "está en investigación".

La Cámara atraviesa una grave crisis desde hace años. Desde hace un lustro se ha ido deshaciendo de su plantilla, que llegó a tener 23 trabajadores. En 2014 despidió a cuatro, algunos con varias décadas de antigüedad en el puesto, de los nueve que todavía resistían. La entidad mantiene deudas con ellos por salarios e indemnizaciones. Para saldar una parte de sus deudas, el año pasado la Cámara negoció vender su sede de Ramón Ferreiro, ya embargada por la reclamación de los extrabajadores, a la Diputación de Lugo por un millón de euros, pero la operación acabó frenándose.