El Tercer Sector critica que se primen criterios económicos en los contratos públicos

Las entidades del tercer sector y la economía social se sienten en “desventaja” a la hora de pugnar por contratos públicos. Así lo constató ayer la Mesa del Tercer Sector, que aglutina a 3.000 entidades sociales, al presentar un informe sobre contratación pública local en los servicios de atención a las personas. El estudio, que analiza la contratación en este ámbito de los ocho principales ayuntamientos catalanes entre enero y junio de 2016, concluye que “los ayuntamientos priorizan los criterios económicos en detrimento de la calidad de los servicios”.

Según el informe, el 64,2% de los contratos municipales catalanes de servicios de atención a las personas prioriza criterios económicos sobre los técnicos, un extremo que afecta a la calidad del servicio y a las condiciones de los trabajadores. “Hace falta una contratación pública más responsable”, reivindicó Oriol Illa, presidente de la Mesa.El tercer sector y la economía social “solo se lleva el 39% de las adjudicaciones y el 20% del volumen económico adjudicado.

El estudio constata que en nueve de cada 10 contratos no se exige ningún tipo de calidad en las ofertas y los pliegos tienden a “favorecer” a las empresas mercantiles, que se llevan el 60% de los contratos públicos. “En la mayor parte de los contratos analizados no se pide que los licitadores tengan que llegar a un mínimo en la evaluación de los criterios técnicos para que la oferta sea valorada. Este criterio, reclamado por el Tercer Sector, solo se presenta en nueve contratos de la ciudad de Barcelona. En los contratos analizados del resto de municipios [Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa, Girona, Lleida y Tarragona] no hemos encontrado ningún tipo de referencia a este criterio”, reza el informe.

El Tercer Sector también lamentó que los pliegos no valoran “la solvencia social”. Es decir, diversos aspectos como las redes en las que participa la entidad que se presenta, su experiencia comunitaria, las relaciones con el entorno y el territorio y la participación en proyectos de fomento de la economía social, entre otros criterios.

La mitad de los contratos tampoco incluyen ni claúsulas sociales ni condiciones sobre derechos laborales o inserción laboral de colectivos en riesgo. Illa exigió que se incluyan criterios de equidad, cláusulas de género y fomento de la economía social.