Barcelona exige que el Palau acuse a Convergència en el juicio

El Ayuntamiento de Barcelona exige que el Palau de la Música retome la acusación contra Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el juicio por el caso Palau. El representante municipal en el Consorcio del Palau de la Música —el órgano que gestiona la institución musical y que está integrado por administraciones públicas— ha reclamado una reunión para “revisar” la estrategia jurídica del Consorcio y regresar al “origen”, cuando la institución sí señalaba al partido de Artur Mas.

La carta ha sido remitida por Joan Llinares como representante del Ayuntamiento en el Consorcio, según ha podido confirmar EL PAÍS. Llinares es jefe de los servicios jurídicos de Ada Colau. En julio de 2009, fue nombrado director general del Palau de la Música tras el registro practicado por los Mossos d’Esquadra y la posterior destitución de su presidente, Fèlix Millet. Bajo el mandato de Llinares en el Palau —que se prolongó hasta finales de 2010— salieron a la luz nuevas pruebas del saqueo de fondos de la institución y, lo que es aún más relevante, indicios sobre la financiación irregular de Convergència.

La carta alude a las negociaciones abiertas entre la Fiscalía y las defensas de dos de los acusados —Jordi Montull y Gemma Montull— para que confiesen los hechos a cambio de una rebaja de la pena. Con ese argumento, Llinares ha pedido una reunión de los miembros del comité ejecutivo del Consorcio. El objetivo es “redefinir” la estrategia jurídica del organismo. La reunión podría celebrarse en próximas semanas, y en todo caso antes de junio, cuando terminarán las sesiones del juicio.

El Consorcio está integrado por tres administraciones —el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona— y nutre de fondos públicos al Palau de la Música. Como perjudicado, es una de las cinco acusaciones presentes en el juicio del caso Palau, que hoy se retoma con la declaración de los acusados. Inicialmente, el organismo señalaba al partido nacionalista, pero en el momento decisivo —en el otoño de 2013, una vez cerrada la instrucción— lo dejó fuera.

El escrito de acusación del Consorcio pide 21 años de cárcel para Millet y para los Montull, además del pago de indemnizaciones millonarias. Pero evita formular acusación contra CDC pese a que la formación se embolsó, presuntamente, 6,6 millones de euros que debieron haber ido a parar a las arcas del Palau. Según el relato de la Fiscalía, la constructora Ferrovial camufló como donaciones a la institución musical lo que, en realidad, eran mordidas a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública (Ciudad de la Justicia, línea 9 del metro) durante el último Gobierno de Jordi Pujol.

El escrito, de hecho, elude cualquier alusión a Convergència pese a que su extesorero, Daniel Osácar, afronta una petición de la fiscalía de siete años y medio de cárcel. Y pese a que la propia Convergència figura como responsable civil a título lucrativo. La exclusión de CDC fue aprobada con el voto favorable de las tres administraciones públicas. Ése es el punto que, ahora y antes de que acabe la vista oral, pretende cambiar Llinares.

También la Fundación del Palau —la entidad privada que gestiona el coro— eludió señalar a Convergència en su acusación. Contra el criterio del juez instructor y del fiscal, el Palau creía que no había indicios suficientes de financiación ilegal del partido.