Igualdad se compromete a atender este año a 234.000 dependientes
La consejería andaluza presenta un plan para agilizar procesos y ampliar los casos
Un compromiso firmado con los dependientes de Andalucía. La Consejería de Igualdad ha aprobado este martes un plan para incorporar a 76.400 personas más al sistema de atención hasta llegar a los 234.000 en 2017 con unas medidas basadas en agilizar los procedimientos para el reconocimiento de la situación; ampliar los supuestos de excepcionalidad; y mejorar la atención a las personas con dependencia moderada. "La gestión del caso va a estar en función de la realidad de las personas", ha matizado la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio tras el consejo de Gobierno sobre estas medidas, que cuentan con un presupuesto de 25 millones de euros.
Entre los objetivos se pretende cumplir con los seis meses que establece la ley de acceso a las prestaciones y priorizar las ayudas a los dependientes más graves. "Hemos llegado a tardar nueve meses, y eso no puede ser, por eso hacemos esto y tenemos que responder a pesar de las dificultades presupuestarias", ha dicho la consejera. El defensor del pueblo andaluz ya había alertado en un informe tanto del retraso para obtener la atención una vez reconocida la condición, como de la extrema complicación burocrática para obtener ese estatus.
La consejera ha incidido en las complicaciones para mantener el sistema a la dependencia tras los recortes del Gobierno central a este servicio social, que ha supuesto dejar de percibir 508 millones desde 2012 además de otros 16.000 por la teleasistencia avanzada, un presupuesto que daría para atender a 105.000 personas y a generar 20.000 puestos de trabajo, según los cálculos de la Junta. A finales de 2016, Andalucía contaba con 286.600 personas con derecho a prestación, y eran atendidas 184.000, por lo que 103.000 dependientes reconocidos quedaban pendientes de las ayudas, según datos del Observatorio de la Dependencia.
Para ejecutar el plan, de aplicación inminente y un año de duración, la Junta se apoyará en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), al ser los Ayuntamientos los encargados de gestionar el sistema a través de los servicios sociales, y en cuanto a la ampliación de los nuevos supuesto de excepcionalidad, la Junta prevé incorporar a los menores de 21 años en etapa escolar; a las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, "y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios", se lee en la nota sobre el plan.
Para las personas con dependencia moderada se prevé además la prestación del Servicio de Teleasistencia Avanzada, que facilita la atención fuera del domicilio con sistemas de GPS o la tramitación de las citas médicas. "La dependencia es sostenible, es un derecho y hay que garantizar su financiación", ha declarado Sánchez Rubio. En el presupuesto andaluz de 2017 se consignan 1.181 millones para la dependencia, un 2,5 % más que en 2016.
Reclamación individual por la multa a la gestión de telecontadores de Endesa
El Consejo de Gobierno ha ratificado la sanción que impuso el pasado 13 de septiembre a la compañía Endesa Distribución Eléctrica con 400.000 euros por introducir cláusulas abusivas en sus contratos de contadores con posibilidad de telegestión y cobrar precio de alquiler por servicios no prestados y el decomiso de beneficio ilícito de 1,39 millones. Toma esta decisión después de desestimar el recurso de reposición presentado por la entidad en este caso.
La infracción, que afectó a más de 350.000 usuarios de la compañía en la comunidad autónoma, fue considerada como muy grave por la vigente legislación de defensa de los consumidores, que deberán reclamar de forma individual el importe que le corresponda. "El pago a los usuarios se tiene que gestionar mediante reclamaciones individuales a la compañía, cantidades que son céntimos pero que entre tantos usuarios conforman la suma", ha aclarado el portavoz de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, este martes tras el Consejo de Gobierno en Sevilla.
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