La ciudad de los escombros
Un pacto entre las Administraciones busca mejorar las pésimas condiciones de vida en la Cañada Real
Una ciudad devastada, como si hubiese soportado un intenso asedio militar, emerge a 15 kilómetros de la turística Puerta del Sol. Una extensa hilera de escombros y toneladas de basura dan la bienvenida en el asentamiento ilegal de la Cañada Real Galiana, en la periferia de la capital, al constante tránsito de vehículos. La mayoría son de alta gama. Otros, las llamadas cundas, transportan a toxicómanos. El Sector 6, uno de los asentamientos diseminados por la cañada, es el gran hipermercado de la droga en Madrid. Se trata de una zona de 6.700 metros desde la carretera de Valencia hasta Getafe que las Administraciones pretenden desmantelar por sus pésimas condiciones de habitabilidad. El pacto entre Ayuntamientos y Comunidad, que se ratificará previsiblemente en los próximos días y sustituye al acuerdo social marco de 2011, también propone consolidar el Sector 1, pero no planifica nada concreto para los otros cuatro. Tampoco fija una dotación económica.
En la mayor parte de los 14,5 kilómetros lineales que conforman la Cañada Real, que atraviesa los términos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid, las condiciones de vida son infrahumanas. Hay 2.537 casas y viven 7.283 personas, 2.500 de ellos niños, según un censo de la Comunidad de Madrid. La mayoría son de etnia gitana, pero también hay muchos rumanos. Solo el Sector 1, la primera zona ocupada en los años 50, cuenta con unas buenas condiciones mínimas de habitabilidad. De hecho, allí se levantan hoy majestuosas viviendas. El resto de zonas se fueron poblando en los años sucesivos y ahora son un avispero de almas que conviven con mugre y caminos de tierra. Solo el Sector 6, en el que habitan 2.953 personas, está asfaltado, aunque existen infinidad de baches. El camino que pasa por allí lleva hasta el vertedero de Valdemingómez. El hedor penetra hasta la zona de las viviendas. O lo que queda de ellas.
“La policía llegó un día buscando droga, nos detuvo y, mientras estábamos en comisaría, derribaron nuestra casa”, asegura Isidoro, un desempleado de 29 años. “Debajo de esos escombros está nuestra ropa, los muebles y un plasma”, insiste. Como otros muchos vecinos, volvió a construir su hogar hace tres años al lado de los ladrillos apilados. Lo hizo con ligeras chapas grisáceas amarradas con alambre y uralita en el techo. Los materiales los encontró en la basura. En la chabola, de apenas 20 metros cuadrados, conviven ocho personas. La superpoblación es habitual en las residencias de la zona.
Junto a Isidoro viven su mujer Raquel, de 28 años, y los cuatro hijos del matrimonio, de entre 12 y tres años, que tienen que hacer varios kilómetros en autobús cada día para ir al colegio. También conviven dos hermanas de Isidoro, discapacitadas intelectuales, y por las que reciben el único dinero que entra en la casa. “No puedo buscarme la vida porque está prohibido hasta recoger chatarra”, protesta Isidoro.
Sin intimidad
Hay varios coches nuevos aparcados en la puerta de la casa. Contrasta con el interior, que es muy humilde: las paredes tienen un llamativo verde pistacho y solo existen dos habitaciones separadas por un tabique. A un lado, el baño; al otro el salón, en cuyo suelo extienden unos colchones para dormir. “No tenemos intimidad de pareja. Para hacer el amor tenemos que llevar los niños con mis padres”, ironiza Raquel. Un cuadro de la virgen preside la estancia principal. Hay también un televisor, un pequeño frigorífico, un hornillo, un sofá y dos sillas, una con el respaldo roto. En la nevera, abundante carne, unos huevos y leche de marca blanca.
“Si esta gente vendiera droga, se podría permitir vivir en otras circunstancias”, asegura Juan José Escribano, presidente de la Asociación de la Colonización de la Cañada. El colectivo fue creado en 1983 y cuenta con 1.500 socios que no pagan cuota. Explica que hasta la luz está enganchada de forma ilegal: “Joaquín Leguina [presidente regional entre 1983 y 1995] prohibió a las compañías prestarnos servicio para evitar así que se adquiriesen más derechos sobre las casas”, justifica.
Escribano llegó a la zona en 1977 porque estaba “abandonada”. Narra que construyó una casa y que comenzó a pagar impuestos en los ochenta. Muestra un recibo del IBI que no está a su nombre. Escribano, cuyos negocios en la zona durante todos estos años han tenido en varias ocasiones problemas con la justicia —la policía le cerró una granja porcina ilegal en los años noventa y fue denunciado por gestionar un gigantesco vertedero ilegal que se quemó en verano de 2015—, asegura que el objetivo de la asociación es que el Ayuntamiento de Madrid no derribe más casas. “Terminar con la droga solo es una excusa para demoler viviendas. Solicitan una orden de registro y detienen a la gente. Si no encuentran nada, inventan algo y se los llevan. Y así aprovechan para derribar las viviendas con todo dentro. No digo que no castiguen a quien vende droga, pero que dejen las casas en paz”, recalca Escribano.
Afecciones urbanísticas
El presidente de la asociación calcula que desde 2011 han sido derribadas en el Sector 6 más de 300 casas, el 70% de las que había, y que han perdido más de 80 millones de euros, montante que van a reclamar al Ayuntamiento como indemnización. Tiene el apoyo de sus vecinos, según denota los saludos afectuosos que recibe por sus encharcados caminos. Este periódico intentó, sin éxito, contactar con el comisionado para la Cañada Real del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, el Consistorio aseguró hace unos meses que "no está derribando viviendas ni ha dejado en la calle a nadie por un derribo". Las demoliciones son por orden judicial, fruto de denuncias policiales por tráfico de drogas, añadieron fuentes municipales.
En todo caso, un informe realizado por la Comunidad sostiene que el 75% de las viviendas de la Cañada presentan afecciones urbanísticas, por estar construidas en dominio público hidráulico, bajo líneas de alta tensión o soportar mucho ruido.
Poco antes de llegar a la calle de Francisco Álvarez, donde dos jóvenes hacen guardia en una casa de puerta negra estrecha, punto de venta de la droga, un nutrido grupo comparte confidencias alrededor de una hoguera. Aseguran que la zona antes estaba más limpia, pero que ahora no hay limpieza viaria, que solo recogen la basura una vez a la semana y que ni siquiera existe servicio postal. Uno de los que se lamenta es Emilio Jiménez, de 46 años: “No tenemos ni para comer, por eso he pedido una ayuda”. En el Sector 6, el 10% de sus habitantes, 299 personas, perciben la Renta Mínima de Inserción (RMI). A pesar de las penurias, Emilio sostiene: “Solo queremos que nos dejen en paz. Que no nos obliguen a tener que dar una patada a la puerta de una casa en Vallecas para ocuparla”.
Mientras un numeroso grupo de niños corretea alrededor de las ascuas, José, de 26 años, afirma que la actitud de la policía va a desembocar en “una guerra”. Cuenta que él se dedica a la venta ambulante que, junto a la búsqueda de chatarra, es la profesión más extendida aquí. Su sueño era ser futbolista, pero hasta debió dejar la escuela en 2º de la ESO por las necesidades familiares. Aquí los pequeños crecen con muchas necesidades y hasta voluntarios del Colegio de Odontólogos de Madrid han tenido que tratarles los problemas bucodentales. También se hacen mayores antes de tiempo. Es el caso de Carmen, que a sus 15 años ya lleva cinco meses casada con José, de 18. Por el momento no quieren hijos, aunque aquí es una práctica habitual tenerlos pronto. “Sería condenarlos a una vida de miseria y de incertidumbre, porque no sabemos si mañana viviremos debajo de un puente”.
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