La Comunidad sancionará a los ocupantes de la cañada Galiana

El Gobierno regional madrileño sancionará "con la máxima rigidez que permita la ley" a los aproximadamente 2.000 parcelistas asentados ilegalmente en la cañada real Galiana. La Consejería de Agricultura ha elaborado un informe sobre la citada vía pecuaria, que discurre a lo largo de unos 20 kilómetros por el interior de la región. El documento contempla la posibilidad de demolición de las innumerables construcciones ilegales que se han levantado en la misma "para reintegrar a la vía pecuaria el terreno invadido".

Pedro Díez Olazábal, diputado de Izquierda Unida (IU) en a Asamblea de Madrid, ha pedido, por otra parte, la comparecencia del director general de Medio Ambiente para que informe sobre los planes de actuación lel Gobierno regional en la citada cañada.

La Consejería de Agricultura reconoce en su informe que en innumerables ocasiones no ha podido localizar, y por tanto sancionar, a los "intrusos" afincados en la cañada de Galiana, "a pesar le ser visitada la zona por personal técnico y por la guardería forestal".

La Dirección General de Medio Rural, integrada en la Conserjería de Agricultura, denuncia igualmente que los ocupantes ilegales de la calzada han cercado la vía incluso "con materiales de cierta calidad, con piscina incluida", reduciendo alarmantemente la anchura incial de la histórica vía.

En el informe del Gobierno regional, enviado a Eduardo Díaz Montes, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, se menciona que el Ayuntamiento de Madrid rechazó ya el año pasado una solicitud de la Asociación de la Colonización de la Cañada Real Galiana para que se reconociese a sus miembros derechos ocupacionales en la citada vía pecuaria.

Los parcelistas, en el escrito presentado al Ayuntamiento de Madrid, solicitaban la legalización de su situación actual, aunque reconocían textualmente que "la ocupación" no era "del todo legal".

Una franja de 15 kilómetros

Los 2.000 ocupantes ilegales de la cañada Galiana están asentados casi en su totalidad en una franja de aproximadamente 15 kilómetros que discurre por los términos de cinco municipios: Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, San Fernando de Henares y Coslada.

Todos los ayuntamientos afectados pretenden el desalojo de los ocupantes ilegales y la recuperación del antiguo camino de ganado para uso público. Proyectan la creación de un gran parque natural de estructura lineal.