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La Hacienda catalana se propone descubrir cambios de domicilio “ficticios” para eludir impuestos

La Agencia Tributaria aflora 360,2 millones de euros de fraude fiscal en los dos últimos años

Lluís Pellicer
El vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras.
El vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras.Albert Garcia

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se ha fijado como una de las prioridades para este año en materia de lucha contra el fraude la investigación de ciudadanos que localizan “de forma ficticia” su residencia fiscal para eludir impuestos en la comunidad, en especial los de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. Esta es una de las medidas que ha anunciado este viernes el vicepresidente y titular del área económica del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, quien ha presentado los resultados de los dos primeros años de vigencia del Plan de prevención y reducción del fraude fiscal 2015-2018. En este periodo, según Junqueras, la ATC ha aflorado 360,2 millones, el 40% de los cuales se concentraba en operaciones inmobiliarias.

Los resultados del plan que en 2015 presentó el exconsejero Andreu Mas-Colell fueron mejores en su primer año de aplicación que en el segundo. En el arranque del programa la ATC consiguió aflorar 190,3 millones de euros, mientras que en el segundo ejercicio la cifra fue de cerca de 170 millones. Junqueras ha justificado esa bajada del 10% en que los gestores e inspectores de la agencia empezaron rastreando “apartados” en los que la “bolsa de fraude era más grande” y en que en 2015 abrieron algunos expedientes con grandes cantidades. Además, han añadido los responsables de la ATC, en ese año se examinaron sobre todo declaraciones de 2011, cuando la economía se hallaba en plena recesión.

El secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, ha detallado que la principal bolsa de fraude se hallaba en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). De este impuesto, el principal que gestiona la Generalitat, se afloraron 145,1 millones de euros, el 40,3% del total. Le siguieron el de Sucesiones y Donaciones (133,3 millones), Patrimonio (59,8 millones) y el que grava el juego (20,1 millones). El afloramiento de estas cantidades fue posible también gracias a campañas en sectores específicos, como los arrendamientos de inmuebles, las empresas de subastas, las concesiones administrativas y los revendedores de bienes muebles. Además, en 2015 se puso en marcha un buzón para denuncias anónimas. En total, se recibieron 81 mensajes a través de ese mecanismo. Y aunque muchas de ellas fueron desechadas, la ATC investiga sobre todo dos quejas que considera trascendentes y que supondrán el ingreso de “cantidades importantes”.

En 2015, además, la ATC empezó a realizar el embargo de cuentas corrientes de “forma masiva”. Según ha explicado Salvadó, desde ese año se han realizado ya 10.801 diligencias (órdenes de embargo a entidades financieras) por un importe de 25,3 millones de euros. Este año, ha añadió, la ATC avanzará en la recaudación ejecutiva hasta el embargo de inmuebles, créditos y vehículos. Pero uno de los objetivos que se ha impuesto este año la ATC es la de descubrir fraude en posibles deslocalizaciones. Los fiscalistas han venido advirtiendo de que la subida de impuestos en Cataluña, en particular el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, acarrea la deslocalización de algunas fortunas. “Es uno de los elementos importantes para 2017. Si el cambio de residencia no es real, se trata de fraude, y nuestra obligación como administración tributario es perseguirlo”, ha señalado Salvadó, quien no obstante ha añadido que, tras estudiarlo a fondo, la ATC ha concluido que ese fenómeno es “ínfimo”, contrariamente “a lo que expresado en algunos ámbitos”. Además, recordó Salvadó, esas deslocalizaciones se dan en muchas direcciones, es decir, que hay cambios de residencia ficticios en varias comunidades.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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