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Los diputados del Parlament ya deben hacer pública su agenda

La cámara presenta un registro de ‘lobbies’ pionero en España que les obliga a inscribirse

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (i), el vicepresidente primero, Lluís Corominas (c); y la secretaria primera, Anna Simó (d).
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (i), el vicepresidente primero, Lluís Corominas (c); y la secretaria primera, Anna Simó (d). EFE

Los diputados del Parlament están obligados desde este martes a dar a conocer su agenda pública, en una iniciativa pionera en España por la que se crea también un registro de grupos de interés. De esta manera, los lobbies que quieran mantener reuniones con los parlamentarios para influir en el contenido de las leyes que elabora la cámara tienen la obligación de inscribirse previamente en el portal de transparencia del Parlament.

la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, acompañada de los miembros de la Mesa, presentó la iniciativa y aseguró que era un “paso más hacia la calidad democrática”. En su opinión, con ese registro se “culmina” la aplicación de la ley de transparencia de 2015 y la cámara se transforma en “un Parlament con paredes de cristal”.

Los grupos de interés se clasifican en cinco apartados: consultorías y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales y sindicatos; organizaciones no gubernamentales, grupos de reflexión e instituciones académicas; y representantes de intereses o incluidos en ninguna de las clasificaciones. El diputado que se entreviste con un ciudadano no deberá hacer público ese encuentro a no ser que el objeto del mismo sea influir en el contenido de una ley.

Algunos diputados lamentaron ayer que se acaben las reuniones discretas que han formado parte de su actividad cotidiana. A partir de ahora deberán hacer públicos los contactos que mantengan con los grupos de interés, ya sean reuniones, correos electrónicos o audiencias tanto dentro como fuera del Parlament.

Las 100 medidas de la CUP contra la corrupción

El grupo parlamentario de la CUP presentó ayer cien propuestas para combatir la corrupción y reprochó que el Gobierno catalán no haya cumplido la moción que aprobó la cámara por unanimidad. “Podríamos presentar mil, pero empezamos con estas”, dijo el diputado Benet Salellas.

A modo de ejemplo de los incumplimientos recordó que la Generalitat se tenía que personar en todos los procedimientos judiciales vinculados a delitos de corrupción y fraude fiscal en los que se viera afectado el patrimonio y los recursos públicos, algo que no ha sucedido. Otro punto era que en enero salieran a rendir cuentas en el Parlament sobre los avances en ese sentido y tampoco ha ocurrido.

La iniciativa presentada ayer es muy similar a la que desde hace años se aplica en el Parlamento Europeo, donde se acepta con total normalidad la existencia de lobbies y su diaria actividad para influir en el contenido de la legislación. En ese sentido, Forcadell reivindicó un “cambio de mentalidad” para que la palabra lobby deje de tener “connotaciones negativas”, y consideró que la creación de ese registro contribuirá a que tengan más prestigio y a la transparencia política.

A modo de ejemplo, las entidades soberanistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que presidió Forcadell u Òmnium Cultural, también deberán registrarse si lo que pretenden es influir en una tramitación parlamentaria.

En el primer día de puesta en marcha del registro ya se inscribieron siete entidades. No existe ningún plazo para que los grupos de interés se apunten en el portal del Parlament ni para normalizar la agenda de los diputados, que ayer fue borrada para empezar de cero. Carme Forcadell recordó que existe un régimen sancionador por si se incumple el registro o la agenda pública, pero abogó porque no sea necesario aplicarlo.

En esa misma línea, el Gobierno catalán aprobó ayer un decreto para transformar el Registro de grupos de interés de la Generalitat en uno nuevo que valdrá para todas las instituciones que están obligadas por ley a tenerlo. Desde julio de 2015 todos los ayuntamientos tienen el deber de crear un registro propio, pero hasta ahora prácticamente ninguno lo había desarrollado. A partir de ahora se producirá una unificación de datos y se podrá saber la actividad que desarrolla un determinado lobby con las administraciones consultando una única base de datos.