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El PSC se suma a Ciudadanos y lleva los Presupuestos al Consejo de Garantías

Los socialistas dudan del artículo que permite asignar recursos al referéndum cuando este se convoque

Eva Granados, portavoz del grupo parlamentario del PSC
Eva Granados, portavoz del grupo parlamentario del PSC.

El Gobierno catalán daba por hecho que el trámite parlamentario de los Presupuestos se prolongaría un mes porque tendría que pasar por el Consejo de Garantías Estatutarias, pero no esperaba que el PSC fuera uno de los partidos que demandaran un dictamen sobre las cuentas. Los socialistas, sin embargo, como hizo Ciudadanos la semana pasada, anunció ayer su intención de recurrir el dictamen aprobado de la ley. El Partido Popular, que no tiene suficientes diputados para hacerlo, negocia con Ciudadanos una alianza para sumarse a la iniciativa.

El grupo socialista en el Parlament quiere despejar las dudas que le genera el hecho de que una disposición adicional de la Ley de Presupuestos obligue a consignar los recursos necesarios para convocar el referéndum, que carece de una norma que lo sustente. Según el artículo recurrido, “el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, ha de habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria”.

La portavoz del PSC en la Cámara, Eva Granados, señaló ayer que su grupo espera que el Consejo de Garantías Estatutarias ofrezca su criterio sobre si ese punto “genera incertidumbre en su ejecución o si incluso puede afectar a la seguridad jurídica de la misma ley”. La petición se sumará a la anunciada ya por Ciudadanos y retrasará al menos un mes la aprobación definitiva de las cuentas. El dictamen no es vinculante, por lo que el Gobierno catalán y los grupos parlamentarios que lo apoyan pueden obviar la resolución del organismo, una suerte de Tribunal Constitucional autonómico.

Granados considera que el Consejo de Garantías no puede hacer caso omiso del compromiso expresado por el Ejecutivo de Carles Puigdemont de convocar este año, no más tarde de septiembre, un referéndum de independencia. Junts pel Sí, a través de su portavoz Roger Torrent, aseguró que sea cual sea el dictamen del consejo, el referéndum se convocará “pese lo que pese”, una clara afirmación de que se hará caso omiso de su resolución en caso de que sea contraria.

Aunque Ciudadanos ya anunció su intención de recurrir y el PP negocia con el partido naranja una fórmula que le permita hacerlo también —sus once diputados son insuficientes porque no alcanzan el 10% de los 135 escaños de la Cámara requerido—, tanto Junts pel Sí como el Gobierno catalán aprovecharon el anuncio para cargar contra el PSC. Torrent acusó al grupo socialista de ejercer “el filibusterismo parlamentario” al negarse a asumir “un debate político”, pese a que el Gobierno catalán nunca invitó a los socialistas a negociar los Presupuestos porque prefirió dar todo el protagonismo a la CUP.

La portavoz del Gobierno, Neus Munté, aseguró que, aunque el recurso es “legítimo”, también es “irresponsable”. El argumentario es el mismo: que la petición del dictamen retrasará unos Presupuestos con acento social y que los recursos destinados al “derecho a decidir” apenas suponen ahora el 0,02% del total.

La polémica respecto a los Presupuestos no se queda ahí. Los socialistas denunciaron ayer haber detectado un “error” en la publicación del dictamen del proyecto de cuentas. Se referían a las 1.200 enmiendas que la oposición, con el beneplácito o la abstención de la CUP, logró introducir en el articulado de los Presupuestos. Según denunció Granados, consta que las enmiendas introducidas están “sujetas a disposición presupuestaria”, pese a que originalmente figuraba “dentro de la disposición presupuestaria”. Junts pel Sí defiende que esas enmiendas son un brindis al sol porque no cuentan con una asignación de recursos, por lo que no se podrán aplicar. Los socialistas consideran que han de tener el mismo grado de obligatoriedad que el resto de artículado.