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El ‘caso Vidal’ abre otra vía para investigar el proceso independentista

Las irregularidades que contó el exjuez se suma al juicio contra políticos catalanes como Artur Mas

El ex senador de ERC, Santiago Vidal. En vídeo, una de sus polémicas declaraciones.

Las declaraciones del exjuez Santiago Vidal han abierto una vía para que la fiscalía explore las interioridades del proceso independentista. El alcance de la investigación abierta aún está por determinar y fuentes judiciales consultadas piden prudencia. Pero las manifestaciones sobre supuestas ilegalidades del Gobierno catalán dan cierto margen de maniobra al ministerio público. Tengan o no base las afirmaciones —desmentidas por la Generalitat—, la fiscalía se adentra en un terreno inexplorado que puede sacar a la luz decisiones controvertidas.

Solo un día después de que EL PAÍS difundiera el contenido de las conferencias pronunciadas por Santiago Vidal en los últimos cuatro meses, que esa misma tarde dimitió como senador por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó la apertura de diligencias.

El decreto firmado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, se centra en dos de las afirmaciones que, de comprobarse ciertas, podrían ser delictivas. Por un lado, el “apoderamiento de datos fiscales” por parte de “personas no autorizadas”. Por el otro, la “elaboración de trabajos de campo o dossiers” sobre la “afinidad ideológica” de los jueces en Cataluña, recoge el decreto.

Tres procesos por desobediencia

Artur Mas en el banquillo. El 9 de noviembre de 2014 se celebró la consulta sobre la independencia de Cataluña. La votación, impulsada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con voluntad de ser un referéndum, mudó a una especie de consulta popular tras el veto impuesto por el Tribunal Constitucional. La Generalitat pretendía desvincularse de la consulta, alegando que fueron voluntarios quienes asumieron su organización. La fiscalía, sin embargo, considera probado que Mas y dos consejeras de su Gobierno, Joana Ortega e Irene Rigau, desobedecieron al tribunal y siguieron adelante con sus planes, por ejemplo, manteniendo los contratos con empresas privadas para hacer posible la votación. La judicialización del caso no escapó a la polémica: mientras los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no vieron razones para presentar una querella, una junta de fiscales del Supremo sí adoptó esta decisión. Mas, Ortega y Rigau serán juzgados el próximo 6 de febrero por un delito de desobediencia y otro de prevaricación.

El juicio de Francesc Homs. La Fiscalía del Tribunal Supremo pide una pena de nueve años de inhabilitación contra el exconsejero de Presidencia de la Generalitat por los mismos delitos relacionados con la consulta del 9-N, aunque su caso sigue un proceso separado por su condición de diputado en el Congreso de los Diputados. La Fiscalía considera que Homs no solo no acató la decisión del Constitucional, sino que “impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria”, entre muchas otras tareas “cruciales” para hacer posible la votación.

La Mesa del Parlament. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros miembros de la mesa están siendo investigados por permitir dos votaciones en la Cámara sobre el proceso independentista desafiando al Constitucional. La primera, en julio, fue sobre las conclusiones sobre el proceso constituyente, que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia. La segunda se celebró el pasado 6 de octubre e instaba al Gobierno catalán a “celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde en septiembre de 2017”.

Vidal había afirmado que la Generalitat ha obtenido de forma “absolutamente ilegal” datos fiscales de los catalanes. Y que sabe —porque lo ha estudiado— qué jueces apoyarían una hipotética república catalana independiente. Para la fiscalía, esos hechos podrían constituir los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Pero el decreto no se queda ahí. No puede “descartarse la relevancia jurídico-penal que pudieran gozar otras conductas”, dice la fiscalía. Y cita, como ejemplo, también al hilo de lo manifestado por Vidal, la “posible existencia de acuerdos por funcionarios o autoridades de la Generalitat con Estados extranjeros”. Unas manifestaciones que “justifican sobradamente” la apertura de diligencias para el “esclarecimiento de los hechos”.

Interrogatorio

La fiscalía tiene trabajo por delante. Primero, deberá analizar por su cuenta, y al margen de las noticias publicadas, el contenido íntegro de esas conferencias. Después, con toda probabilidad, deberá interrogar a Vidal. Este será un punto clave porque el ya exsenador de ERC deberá ratificar sus declaraciones o desmentirlas.

Tras la publicación por este diario de sus conferencias, Vidal se reafirmó en ellas, según publicó el diario Ara. Pero la tormenta política generada le llevó a dar un paso atrás al día siguiente. O, al menos, le llevó a darlo a Esquerra, que puso en boca del exjuez una suerte de rectificación: “He intentado ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que, tomadas en su literalidad, las declaraciones no se ajustan a la realidad”.

Vidal había explicado, entre otras cosas, que “un Gobierno extranjero no europeo” forma a los Mossos d’Esquadra en materia de contraespionaje. La fiscalía podría preguntar al exjuez de qué Gobierno se trata y, en caso de que Vidal lo concrete, citar al responsable de turno de la Generalitat. Es solo un ejemplo de lo que puede deparar la investigación, señalan fuentes judiciales, quienes agregan además que esta se puede desarrollar al margen de lo que diga Vidal. Las pesquisas ni siquiera se centran en el exjuez. Él, de hecho, habla siempre de “nosotros” —con lo que parece aludir a las personas implicadas en el proceso— o del “Gobierno catalán” como responsables de las irregularidades. De lo que se trata es de averiguar, desde el punto de vista de la fiscalía, si lo que explica responde a la realidad y, en tal caso, si se han cometido delitos.

La fiscalía llevará el peso de la investigación salvo que se presente una denuncia contra Vidal en los juzgados y esta sea admitida a trámite. En ese caso, las riendas del caso pasarán a manos de un juez. Como senador, Vidal tenía la condición de aforado y, por tanto, era el Tribunal Supremo el órgano que, en su caso, debía investigarle. Al perder esa condición, puede hacerlo un juzgado ordinario.

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