De la ley a la ley

Hace unas semanas, un muy destacado publicista del independentismo de orden apuntó en un artículo titulado Dos demagogias [La Vanguardia, 17/11/2016] los tres elementos que, a su entender, caracterizan al líder populista: “presenta de manera simple problemas complejos, hace un uso de la mentira más sistemático y descarado, y ofrece una restitución de un pasado idealizado frente a un presente y un futuro preñados de amenazas reales o prefabricadas”. Casi me caigo de la silla. Por un momento pensé que nuestro hombre había visto la luz camino del Canigó. Pero no, no se refería a Mas, Puigdemont, Junqueras o Forcadell. El populista, ya se sabe, es siempre el Otro.

Aquí, de populismo, nada. Aquí no se engaña a nadie y siempre se explican las cosas como son. Por ejemplo: en su momento, cuando llegue “la desconexión”, no habrá ningún tipo de vacío legal y los ciudadanos no se verán obligados a elegir entre legalidades. Sencillamente, la española será sustituida por la nueva legalidad catalana que emergerá de la futura “ley de transitoriedad jurídica”. Se pasará, en nuevo feliz hallazgo de los creativos del procés, inspirados ahora por un episodio de la Transición, “de la ley a la ley”.

No haría falta demasiado esfuerzo para desmontar la falacia que se esconde detrás de ese argumento, y no lo voy a hacer. Además, para eso se bastan y sobran los independentistas mismos. Véase si no a Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat, presidenta de la Diputación de Barcelona y presidenta también del Consell Nacional del PDECat, es decir, todo menos una indocumentada, que en una entrevista en NacióDigital el pasado 16 de diciembre no tenía inconveniente en reconocer que el “choque de legalidades” se acabará produciendo.

Ese angelical paso “de la ley a la ley” es otro ejemplo de los mundos de Yupi que los líderes independentistas venden sistemáticamente a su clientela, y que se resumen en que esto de la independencia está a la vuelta de la esquina, no hay quien lo pare, será indoloro y nos costará menos que hacer una tortilla (aunque algunos avisan de que para ello hará falta romper algunos huevos). Que las cosas no serán tan sencillas lo puso de relieve el último enfrentamiento intraindependentista, provocado por la actuación de los mossos al identificar y luego detener a diversos incineradores de constituciones y fotos soberanas.

La CUP se preguntó de inmediato si con estos mossos se podrá hacer un referéndum que el Constitucional no tardará ni un minuto en declarar ilegal. El conseller Jordi Jané contestó que los mossos siempre estarán del lado de la ley y de Cataluña, lo que no es que aclarase gran cosa. Cabría pensar que no habrá problema alguno: como iremos “de la ley a la ley”, los mossos actuarán bajo la nueva legislación catalana y el referéndum se celebrará sin mayores contratiempos. Pues no, señoras y señores: como ha señalado un lúcido opinador independentista [Mossos i referéndum, NacióDigital, 14/12/2016], en cuanto el Tribunal Constitucional suspenda la ley de transitoriedad jurídica, los mossos tendrán que “escoger entre la legalidad española y la catalana”.

¿Hace falta añadir que lo mismo ocurrirá con jueces, fiscales, inspectores de hacienda y todos los demás funcionarios? Y no solo ellos: también con los alcaldes y secretarios de ayuntamiento, rectores de universidades, directores de hospitales públicos, gestores de grandes infraestructuras…, y con los responsables de empresas e instituciones, que tendrán que decidir a quién desobedecen cuando toque ingresar las retenciones del IRPF de sus trabajadores (en la hacienda española o en la catalana), con las consecuencias que de ello, inevitablemente, se derivarán. Estos ya no son los mundos de Yupi, sino la cruda realidad que se nos viene encima y que quienes manejan la barca intentarán ocultar al pasaje durante todo el tiempo que les sea posible.

Algunos independentistas son más claros y eso les honra. Así, un combativo articulista del, digamos, sector resolutivo sostiene que hay que tomar medidas ya, conformando una policía fiable para el choque que se avecina. Hay, afirma, que “desactivar grupos de agentes y mandos que actúan con criterios que no tienen nada que ver con el mandato democrático del 27 de septiembre” [Aquest és l’origen dels problemes dels independentistes, Vilaweb, 14/12/2016] ¿Depuración política de funcionarios? No, hombre, no: la revuelta de las sonrisas, segunda parte.

Francisco Morente es profesor de Historia Contemporánea en la UAB.