Un lustro sin parques eólicos mina los objetivos de la Generalitat

Cataluña cerró con 2016 otro año más sin instalar un nuevo parque eólico, un hecho que confirma la parálisis del sector de la energía eólica, asfixiado por la suspensión de primas a las energías renovables en 2012. En ese momento se realizó la última inversión significativa del sector, con la instalación de tres megavatios (MW) en el parque de Vilobí II, en Lleida. Empresarios y expertos lamentan que la próxima inversión no llegará hasta 2018. Un lustro sin nuevos molinos que choca con los objetivos de la Generalitat de que las energías renovables cubran en 2020 el 20% de su demanda eléctrica.

Pionera hace más de treinta años en la construcción de molinos de viento con la instalación del primer aerogenerador en España en Vilopriu (Baix Empordà), Cataluña, con 45 parques, es ahora la sexta comunidad autónoma en la lista de megavatios instalados, con 1.232 MW, muy lejos de los 5.561 MW de Castilla y León. La eólica catalana representa el 5,5% del total de potencia instalada en España, que suma 22.990 MW. Jaume Morrón, gerente de EolicCat, la patronal catalana del sector, señala que este porcentaje es muy insuficiente, sobre todo si se compara el peso de la demanda eléctrica catalana (19% del total). Esta patronal impulsa ahora una moción en el Parlamento catalán, avalada de momento por Junts Pel Sí, para derogar un decreto de la Generalitat y conseguir que no sea necesario un concurso público para promover un parque eólico de más de 10 megavatios de potencia.

En consonancia con los objetivos de la Unión Europea, la Generalitat se comprometió en un Plan a que la energía renovable vaya ganando terreno en la cobertura de la demanda de electricidad: el 20% en 2020, el 50% en 2030 y el 100% en 2050. Para cumplir con la primera fase, en tres años se tendrían que instalar en Cataluña 5.153 MW, asegura Francesc Ribera, gerente del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña.

Ribera se muestra positivo porque en Cataluña hay recursos eólicos y empresas líderes para explotarlos, y considera que la energía eólica es clave para asegurar el aprovisionamiento de energía (el nivel de dependencia exterior en España es del 77%) y para desplazar tecnologías más caras como las de combustión y aumentar así la competitividad. No obstante, tiene muy claros los motivos de la parálisis y lamenta la “situación de incertidumbre” en el sector: en primer lugar, la falta de incentivos para la instalación, y en segundo lugar, una regulación muy estricta que afecta especialmente a Cataluña.

La principal dificultad para conseguir los objetivos radica en la eliminación de las primas para la inversión en energías renovables. “El Real Decreto 1/2012 paralizó el desarrollo del sector eólico tanto en Cataluña como en el resto del Estado", asegura Ribera, aunque cree que el nuevo sistema de retribución mediante subastas puede tener sus ventajas. Sin embargo, Morrón lamenta que, desde el decreto, el incentivo es cero, y que las primas mediante subastas por ahora “han ido muy mal”, ya que cree que las retribuciones deberían hacerse sobre el precio del quilovatio por hora, y no sobre capacidad de generación.

A este problema se suma una reglamentación que, en Cataluña, es especialmente estricta. En el año 2002 se aprobó el llamado Mapa de Recursos Eólicos de Cataluña, que apenas ha sido modificado desde entonces y que, siempre que se ha intentado cambiar para permitir la explotación de más recursos, las demandas de grupos ecologistas lo han impedido.

[TEX]El Clúster estima que un 80% de emplazamientos técnicamente viables, con un mínimo de 3.200 horas equivalentes de funcionamiento, fueron excluidos del mapa, ya sea por la elevada densidad de población, por la singularidad paisajística o por la presión de grupos ecologistas.

Desde la Generalitat, Assumpta Farran, directora del Instituto Catalán de Energía, admite que la situación de parálisis la han causado tanto la administración española como la catalana, pero argumenta que una regulación tan estricta respondía al boom de las renovables de la década del 2000, cuando la abundancia de proyectos chocaba con un territorio pequeño, denso y con mucha singularidad paisajística. “Ahora la situación ha cambiado, no hay tantos proyectos y para la próxima subasta, que se prevé de 3.000MW, tenemos que ser atractivos para la inversión”, asegura. Para hacerlo, insiste, es necesario llegar a un consenso sobre el uso del territorio: cada megavatio implica una ocupación territorial del tamaño de un campo de fútbol. “Cataluña ha escogido que en 2050 las renovables cubran el 100% de la demanda energética, y esto pasa por desbloquear el mapa eólico y también el fotovoltaico, que solo representa un 1,9% del total de España”, recuerda.

José Luis García, responsable del Área de Energía de Greenpeace, cree que el problema del mapa es “irrelevante”, y que el sector eólico “debería ser más valiente y pedir a los políticos que se desbloquee la situación creada por la actitud del Gobierno y de la Generalitat en los últimos años en la cuestión de las retribuciones”. EolicCat considera que el mapa está obsoleto y que “se tendría que estudiar cada propuesta de instalación en relación con su impacto ambiental, como se hace en otras comunidades autónomas”, razona Morrón.

El gerente de la patronal también se muestra preocupado por las consecuencias que puede tener la parálisis del sector eólico en la deslocalización de empresas y en el despido de trabajadores. Pone como ejemplo el despido de 150 empleados de Alstom Wind, empresa que procedía de la cooperativa catalana Ecotecnia y que fue adquirida por General Electric.