FCC limpiará las escuelas de cuatro distritos de Barcelona

El Consorcio de Educación de Barcelona ha adjudicado el nuevo contrato de limpieza de 327 centros escolares públicos de la capital catalana en diversos lotes, uno de los cuales ha sido para FCC, que se ha adjudicado la limpieza de los centros de cuatro de los diez distritos de la ciudad. El Consorcio, formado por la Generalitat y el Ayuntamiento, ha adjudicado los otros dos lotes a Ndavant —también cuatro distritos— y a Ingesan —dos distritos—, en un contrato para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, con dos posibles prórrogas de un año.

Se da la circunstancia de que la compañía FCC está siendo investigada por la Fiscalía para determinar si estafó 800.000 euros al Ayuntamiento de Barcelona falseando datos de la gestión del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos que presta en tres distritos.

Al concurso convocado por el Consorcio de Educación se presentaron ocho empresas y el proceso de selección ha valorado cuestiones como la mejora de los planes de trabajo; hojas de ruta ajustadas a las necesidades lectivas, extra lectivas y a las especificidades de cada centro, y la cobertura de necesidades de limpieza a fondo especializadas, entre otros criterios.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento señalan que, mientras no exista una resolución judicial firme de la Fiscalía tras las acciones que ha impulsado a instancias del consistorio, no se podría prohibir la entrada de esta empresa en concursos públicos.

El concurso se presentó antes de que se hicieran públicas las presuntas irregularidades, ya que la licitación se publicó en agosto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que establece un presupuesto de licitación sin IVA de 10,6 millones de euros en el primer lote; de 11,9 en el segundo, y de 9,2 en el tercero.

A finales de noviembre, EL PAÍS reveló las evidencias sobre el presunto fraude cometido por parte de la compañía FCC en el contrato de la recogida de basuras y la limpieza viaria en la capital. La compañía habría facturado servicios no realizados y mezclado distintas fracciones de residuos a espaldas del consistorio. Tras la publicación, el Ayuntamiento de Barcelona reaccionó afirmando que ve indicios de los delitos penales de estafa y falsificación de documento mercantil en los hechos y trasladó el caso a la Fiscalía. Un caso que los responsables municipales calificaron de “expolio de recursos públicos”.