Colau reta a la oposición a formar una mayoría para echarla

Ahora sí. 47 días después de que el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presentara su proyecto de presupuesto para 2017, la oposición en pleno lo ha rechazado y su aprobación ha quedado vinculada este viernes a una cuestión de confianza. Colau ha sacado pecho, ha defendido su gestión, las cuentas, ha acusado a la oposición de actuar "por intereses particulares y partidistas" y ha retado al resto de partidos a echarla: "Dicen que solo la aritmética me salvará, pero no es así. Tienen un mes para hacer lo que dicen que no hace el gobierno: dialogar, pero lo dan por perdido". Su socio de gobierno, el socialista Jaume Collboni ha lamentado la "voluntad" de la oposición, y sobre todo la izquierda, de "desgastar al gobierno".

Los grupos de la oposición (CiU, Ciutadans, ERC, PP y la CUP), que suman 26 concejales frente a los 15 de Barcleona en comú y PSC, tienen treinta días para presentar un alcalde alternativo. Si no lo hacen, las cuentas quedarán aprobadas automáticamente el 25 de enero. Solo el líder del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, se ha referido a la posibilidad de intentarlo. El resto de partidos ya ni hablan de ponerse de acuerdo. Un pacto que requeriría que pactaran fuerzas tan dispares como CiU, Ciutadans o ERC.

Colau ha asegurado que recurrir a la cuestión de confianza no le gusta. "Pero no hay otra" y ha vuelto a decir, como hace unas semanas, que si por ella fuera convocaría elecciones para someter su cargo a la opinión de la ciudadanía, pero la ley no contempla avanzarlas en los ayuntamientos. También ha vuelto a recurrir al argumento de que no entiende por qué si la CUP es capaz de aprobar los presupuestos de CiU y ERC en la Generalitat, no es capaz de apoyarlos en el otro lado de la plaza de Sant Jaume. "Nosotros no subvencionamos escuelas del Opus y multamos a los bancos", les ha espetado.

En la primera intervención del gobierno, el número dos de Colau, Gerardo Pisarello, ha defendido su presupuesto, pero sobre todo la gestión. Con argumentos como que el Consejo Economico y Social avala las cuentas, o que las encuestas y barómetros avalan "la confianza de las ciudadanía" en el ejecutivo, con resultados "solo comparables a los mejores momentos de los gobiernos de [el alcalde Pasqual] Maragall".

Por lo demás, el debate en el último pleno del año ha sido más de lo mismo en las acusaciones mutuas de gobierno y oposición sobre la falta de diálogo. Mientras Pisarello y Colau hablan de "debate intenso y decenas de reuniones en los últimos meses", de aceptar la mitad de las enmiendas; la CUP les acusaba de "mentir" y no haber aceptado "ni una" de las suyas.

Por parte de CiU, la concejal Sònia Recasens ha recurrido a una dura intervención del gerente del gobierno de Colau, el ex socialista Jordi Martí, el día que el ex alcalde Xavier Trias también sometió sus cuentas de 2014 cuestión de confianza. "Hoy se demuestra el fracaso de un gobierno y la incapacidad de una alcaldesa para dialogar. Es un acto de desesperación, de supervivencia politica, demostración palmaria de su debilidad politica. Un acto de soledad donde quedará unos días en la cuerda floja", ha exclamado ante la alcaldesa.

Recasens, como el resto de grupos han recordado a Colau que el no de este viernes llega tras el portazo al Plan de Actuación Municipal (el PAM, la hoja de ruta del mandato) y las ordenanzas fiscales. Desde Ciutadans, Carina Mejías, ha considerado que "desde el principio las llamadas al diálogo eran una farsa para justificar su fracaso y culparnos a los demás". Alfred Bosch, de ERC, ha asegurado que el gobierno les "obliga" a votar no y ha advertido a Colau de que perdió su confianza el día que pactó con el PSC y cuando su partido hermano, Catalunya sí que es pot, no apoyó los presupuestos de la Generalitat.

Por último, Alberto Fernández Díaz ha asegurado que rechaza el presupuesto por su contenido y por las formas. "No seré yo quien cuestione un procedimiento previsto por la ley", ha dicho, y ha recordado que el equipo de Colau pretendía aprobar el presupuesto de 2017 en comisión de gobierno, sin someterlo a debate. Una posibilidad que tumbó el Tribunal Constitucional tras una denuncia de la Junta de Andalucía.