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Un ministro en Pedralbes

La ‘operación diálogo’ parece revivir la vieja idea del procurador en cortes Eduardo Tarragona, que en pleno franquismo propuso ubicar un sillón ministerial en Barcelona

Soraya Sáenz de Santamaría, en la Delegación del Gobierno en Barcelona.
Soraya Sáenz de Santamaría, en la Delegación del Gobierno en Barcelona.

Permítanme que les invite a adentrarse medio siglo por el túnel del tiempo, hasta la Barcelona del tardofranquismo, para rememorar a un personaje entonces muy conocido y hoy seguramente olvidado: Eduard Tarragona i Corbella. Joven combatiente en el bando sublevado durante la guerra civil, abogado y, al calor del “desarrollo”, empresario de éxito en el sector del mueble, cuñado del futuro alcalde Joaquim Viola, Tarragona era un hombre bien acomodado a la dictadura. Pero, cuando decidió saltar a la arena política, lo hizo adoptando, dentro de los límites del régimen, un discurso de acentos populistas, una imagen de díscolo, de tipo sin pelos en la lengua (“al pa, pa i al vi, vi”, fue su lema más popular), de defensor de la mayoría silenciosa (se autodefinía como “la voz de los sin voz”).

Elegido con cientos de miles de votos procurador en Cortes en los comicios al “tercio familiar” de 1967 —lo más parecido a unas elecciones por sufragio universal que el franquismo podía tolerar—, dimitió dos años después “porque no podía hacer nada”; pero, antes, el suyo había sido uno de los diecinueve noes a la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco “a título de rey”. Volvió a presentarse y a ganar un escaño en 1971 (cuando publicó el Libro negro de un procurador familiar) y lo mantuvo hasta el harakiri de las Cortes franquistas en 1976, simultaneándolo con una concejalía de Barcelona entre 1973 y 1979. Su vuelta a la carrera de San Jerónimo como diputado por Alianza Popular (1982-86) fue ya el gris epílogo de una popularidad marchita.

Antes, cuando la figura pública de Eduard Tarragona estaba en su cénit, el activo procurador había llegado a pedir para Cataluña “el reconocimiento expreso de su personalidad histórica”; demanda que concretó en una fórmula de indudable plasticidad: la cuestión catalana se resolvería si el régimen instalase “un ministro en Pedralbes”.

Dado que Tarragona jamás desarrolló el eslógan, ignoramos si debía tratarse de un ministro-florero, catalán pero sin atribuciones (como el bueno de don Pedro Gual Villalbí en los años previos), de un ministro cualquiera pero domiciliado en la Diagonal o de un ministro para Cataluña, con aires de virrey. No hace falta aclarar que, ni en el Pardo ni en Castellana 3, le hicieron el menor caso.

Sin embargo, aquella vieja idea parece haber revivido este otoño, en el marco de la “operación diálogo” auspiciada por el reinvestido Gobierno de Mariano Rajoy. Lo digo porque, tras semanas de retórica y gesticulación dialoguistas, el único movimiento concreto del Ejecutivo central ha sido instalarle a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, un despacho en Barcelona. No en el Palacio Real de Pedralbes —que hoy, en manos del Ayuntamiento y la Generalitat, es territorio comanche— sino en el Palau Montaner, sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña y antaño, hélas, de la Jefatura Provincial del Movimiento de Barcelona. Pero seguro que ya está desinfectado...

¿Y qué uso político ha hecho hasta ahora doña Soraya de su flamante espacio de trabajo barcelonés? Pues lo ha empleado para conversar con los líderes del PSC, Miquel Iceta, y de Ciutadans, Inés Arrimadas, dado que reunirse con el PPC sería tanto como hacerlo con sí misma, y ya le ofrece a García Albiol algunas photo opportunity los fines de semana, en actos de partido. O sea que, de momento, y más que abordar el “desafío catalán”, la vicepresidenta parece ocupada en zurzir una especie de Unión Monárquica Nacional 2.0.

Pero incluso si, después de Navidades, Sáenz de Santamaría se pusiera a dialogar con la Generalitat, ¿sobre qué, dentro de qué frame? Los medios han informado ampliamente de que el Gobierno Rajoy sólo está dispuesto a hablar de dinero, excluyendo cualquier pacto fiscal. Según hemos podido leer, no habrá “más concesiones lingüísticas y culturales” —obsérvese la carga significante de la palabra concesiones— ni espacio alguno para el concepto de “nación”. Tampoco es un secreto la inmensa reticencia del Partido Popular ante la hipótesis de la reforma constitucional, y ya hemos visto la virulenta reacción de la FAES ante la levísima autocrítica respecto de la campaña del PP contra el Estatuto. Aznar ya sólo es militante de base, pero sigue dibujando las líneas rojas.

Me temo que, para arreglar el problema catalán, se necesitará mucho más que una vicepresidenta con despacho ocasional en Llúria esquina Mallorca.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.