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Madrid y Barcelona exigen una regulación estatal del precio del alquiler

"No se puede dejar que Airbnb sea quien mande en el mercado", dice el concejal de la capital Jorge García Castaño

Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona demandan una regulación estatal de los precios de los arrendamientos porque "no puede ser que quien mande en el mercado de alquiler del centro de las ciudades" sean las plataformas de alojamientos como Airbnb. Así lo han defendido el concejal madrileño de Centro, Jorge García Castaño, y la concejala barcelonesa de Ciutat Vella, Gala Pin, unos de los distritos con mayor densidad turística, en unas primeras jornadas celebradas este fin de semana en Madrid en las que han compartido experiencias similares relacionadas con la gentrificación y la masificación turística así como el diseño de posibles estrategias conjuntas a desarrollar.

El edificio de los cines Luna alberga ahora un gimnasio.
El edificio de los cines Luna alberga ahora un gimnasio.

"No se puede dejar que Airbnb sea quien mande en el mercado de alquiler del centro de las ciudades. Ahí quien manda es la Administración, las leyes, el interés general, la función social de la vivienda, que son derechos constitucionales", ha defendido García Castaño. Así, frente a "una burbuja evidente", propone una "regulación razonable" con la que seguro que plataformas como Airbnb puedan igualmente "hacer mucho negocio".

La concejala de Ciutat Vella, por su parte, reclama "la necesidad de tener un modelo turístico con liderazgo público claro, porque al final parece que se acaba caricaturizando el debate sobre turismo sí o no". Y ha añadido: "Se trata de qué modelo turístico queremos, porque el turismo es un activo de las ciudades y tenemos que asegurar que esté presente sin ir en contra de las propias ciudades", ha manifestado.

Según los dos reponsables municipales, lo que se está produciendo en el centro de la grandes urbes va más allá del concepto tradicional de gentrificación. "Nos encontramos con un fenómeno más perverso, que es la gentrificación 4.0, la turistificación, donde no solo hay sustitución de población con menos recursos por población con más recursos, sino un vaciado de comunidades con un sujeto flotante que incide de manera depredadora en los precios de la vivienda y en el cambio de tejido comercial de las zonas donde se implanta", ha diagnosticado la concejala de Ciutat Vella.

Más vivienda pública

En ese contexto, García Castaño insiste en la necesidad de que la administración actúe. "Hace falta un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos y creo que en esta legislatura es factible porque ya han hecho campaña algunas formaciones que podrían hacer mayoría en el Parlamento", ha sostenido. Además, aboga por ampliar el parque público de vivienda, teniendo en cuenta que la mayoría de las ciudades tienen una media de un 1% de parque público, muy lejos del 25% necesario con el que poder incidir en el parque de alquiler privado. Esta situación es una realidad en ciudades como Viena. "No es una utopía", defiende Gala Pin.

Mientras, los Consistorios pueden echar mano de las herramientas urbanas que tienen a su disposición, como el plan de usos con el que cuenta Barcelona y que permite limitar qué tipo de establecimientos y de comercios de concurrencia pública se pueden ubicar en cada zona según criterios de densidad o afección al espacio público. En Madrid, las herramientas para hacer eso mismo son las normativas de Zonas de Protección Acústica Especial y de Areas de Prioridad Residencial.

"Tenemos que buscar la manera de que no se pierda el número de hogares; tenemos que cerrar esa vía si no queremos ver un despoblamiento fuerte en poco tiempo", ha instado García Castaño. Gala Pin, por su parte, ha concretado que Ciutat Vella pierde una media de 103 vecinos al mes, según datos del Ayuntamiento de Barcelona.

Mercado desregulado

En esto tiene mucho que ver la irrupción de los pisos turísticos ilegales y su influencia en los precios del alquiler, con actores como Airbnb, que están consiguiendo "un gran beneficio económico de la explotación turística de la ciudad sin dar nada a cambio". Y todo ello con "un mercado del alquiler absolutamente desregularizado que acaba generando vulnerabilidad en el derecho a la vivienda".

Pin ha insistido en la necesidad de que plataformas como Airbnb o Homeaway "se atengan a la regulaciones locales de aquellos espacios en los que están operando". "No pedimos nada fuera de lo normal, la gran discusión con Airbnb es que les pedimos que cumplan la ley, es decir, que solo oferten aquellos apartamentos turísticos con número de licencia", ha explicado.

Se trata, en definitiva, de "de que todos los actores colaboren para garantizar este derecho a la vivienda y evitar que haya pisos que son un bien fundamental y que pasen a un uso de negocio". Ahí resulta crucial el empleo de las diferentes herramientas que se tienen como Administración. "Nos hemos ofrecido a negociar pero también hemos sido muy contundentes a la hora de poner sanciones, que es lo mínimo que tenemos que hacer como Administración", ha expuesto.

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