Mas pide que Rajoy testifique en el juicio por la consulta del 9-N

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ya ha perfilado la lista de testigos que quiere que declaren en el juicio por la consulta del 9-N. Entre los 11 testigos solicitados por la defensa de Mas, destacan dos: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá decidir si acepta o desecha la petición de Mas, que se sentará en el banquillo por los delitos de desobediencia y prevaricación en la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

Además de Rajoy y Catalá, Mas ha pedido que se cite a responsables políticos de su partido (como el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, o el diputado Francesc Homs, también investigado por la consulta) y a la que fue presidenta del Parlament durante su mandato, Núria de Gispert. También ha reclamado la comparecencia de destacadas personalidades del independentismo, como el expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, o el exresponsable del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol.

En el escrito de defensa presentado este jueves ante el TSJC, Mas defiende que no ha cometido los delitos de desobediencia y prevaricación que le atribuye la Fiscalía. El ministerio público solicita que sea condenado a la pena de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar la consulta pese a que, cinco días antes, el Tribunal Constitucional la había vetado.

El abogado de Mas, el penalista Javier Melero, argumenta sin embargo que la Generalitat "interrumpió efectivamente la organización y gestión del llamado proceso participativo" a partir de la providencia del Constitucional del 4 de noviembre. En línea con lo argumentado desde el principio de la instrucción, la defensa de Mas insiste en que el proceso quedó en manos de voluntarios. "Lo que realmente pasó es que nunca se convocó oficialmente a la ciudadanía, sino que se les dio la oportunidad de organizar y tomar parte en un proceso participativo que se acabó realizando gracias a la intervención de miles de voluntarios".

Mas insiste en que no hubo desobediencia porque la jurisprudencia exige que la resolución judicial contenga un "mandato expreso, concreto y categórico". Y eso no ocurrió, alega, con la resolución del Constitucional. "Resulta discutible la existencia de una orden", dice el escrito, que cita en su favor los argumentos empleados por la Fiscalía Superior de Cataluña, que inicialmente se opuso a presentar una querella contra Mas, contra la exvicepresidenta Joana Ortega y contra la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau. "Este motivo llevó al fiscal superior a oponerse a interponer una querella contra Mas", señala el escrito. La Fiscalía General del Estado, finalmente, impuso el criterio de jerarquía y ordenó la querella por el 9-N.

La defensa de Joana Ortega, que ejerce Rafael Entrena, ha pedido los mismos testigos que Mas y ha añadido a algunos excargos del Gobierno relacionados con la organización de la consulta. En el caso de Irene Rigau, defendida por Jordi Pina, también ha solicitado la comparecencia de cargos y personal del departamento de Enseñanza.