Puigdemont pidió en abril un informe sobre un referéndum acordado

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, demandó en abril pasado, antes de la crisis con la CUP a causa del veto presupuestario, un informe para abordar las posibilidades de celebrar un referéndum pactado. Hizo la demanda al presidente del Instituto de Estudios del Autogobierno, Carles Viver Pi-Sunyer, a la que este le respondió que probablemente sería necesaria una reforma constitucional, "de éxito poco probable", dado que se negarían a acometerla tres de los cuatro grandes grupos del Congreso.

En aquel primer informe, se analizaba la posibilidad de pactar la pregunta, los plazos posibles y las fechas de la convocatoria, así como cuestiones jurídicas y políticas vinculadas a los resultados de la consulta, justo la propuesta que el presidente catalán hizo pública ante periodistas extranjeros en el marco de la Diada y en una visita a Madrid en octubre, aunque después, en el debate de Política General, puso fecha a la convocatorio de un referéndum unilateral.

Para aquellas fechas, Puigdemont había solicitado un segundo informe a Viver Pi-Sunyer: la búsqueda de alternativas para que los ciduadanos catalanes puedan decidir su futuro. El exvicepresidente del Tribunal Constitucional respondió a esa segunda demanda con una respuesta oral, asumiendo parte de un informe que había elaborado el Consejo Asesor para la Transición Nacional, y enumerando pros y contras de cada una de las posibilidades.

Viver Pi-Sunyer ha desvelado esas peticiones en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, celebrada este mediodía, en la que ha comparecido junto al secretario de Desarrollo del Autogobierno, Víctor Cullell. Según ha descrito, el IEA ha elaborado este año una media docena a informes a petición del Gobierno catalán, además de realizar por motu propio tareas de investigación "sobre el margen que le queda a la Generalitat" en ámbitos como la educación, el medio ambiente y el comercio interior. Los estudios, ha señalado, "demuestran el migradísimo poder político que tiene la comunidad autónoma". El IEA también ha desarrollado las administraciones de autpogobierno para que "estén preparadas" en caso de la constitución de una Cataluña independiente.

Tanto la actividad de Cullell como de Viver han sido agriamente criticadas principalmente por los portavoces del Partido Popular y de Ciudadanos. La popular Esperanza García ha acusado a ambos de estar preparando "un golpe de Estado", lo que ha señalado que es contradictorio con lo que debería defender un "constitucionalista" como Viver, en referencia a su pasado como magistrado del tribunal de garantías.

Carlos Carrizosa, en una intervención muy dura que se ha centrado más en los diferentes cargos que ha tenido Viver, le ha acusado de estar "escondiéndose para burlar la Constitución y preparar un engendro político", en referencia a la elaboración de las futuras leyes de desconexión y de la estructuras de Estado.

"Sería una gran irresponsabilidad no crear esas estructuras cuando se está propugnando la independencia", ha respondido Viver, quien ha asegurado que una vez se acaben trabajos sobre el proceso independentista "los explicaremos". Y ha señalado: la experiencia histórica demuestra que cuando te encuentras en un bloqueo, la política desplaza al derecho". Sobre una posible desobediencia al Tribunal Constitucional con los trabajos en los que participa, el presidente del IEA ha dicho: "Se pueden hacer los trabajos preparativos siempre y cuando no se ejecuten", momento en el que se convertirían en inconstitucionales.

Ante las demandas de Carrizosa, el presidente del Instituto de Estudios Autonómicos ha detallado que el ente cuenta un presupuesto anual de 240.000 euros, que sube hasta los 800.000 euros si se tiene en cuenta la plantilla. El organismo cuenta con unos 15 trabajadores y se nutre para elaborar los informes de empresas externas. Pi-Sunyer cobra, ha detallado Carrizosa, 109.000 euros anuales.