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Un juez anula la multa que la Generalitat impuso a Airbnb en 2014

El gobierno catalán dice que recurrirá la sentencia sobre una sanción que es similar a la que impuso Colau

Unos jóvenes llegan a un piso turístico.
Unos jóvenes llegan a un piso turístico. EFE

El juzgado contencioso-administrativo número 11 de Barcelona ha anulado la primera multa impuesta por la Generalitat a Airbnb, en 2014, de 30.000 euros. El juez considera que existe un vacío legal sobre la actividad del portal de alquileres turísticos, y que no puede llenarse con sanciones. La Generalitat ha respondido este lunes que recurrirá la sanción, pero no ha querido valorarla.

A la multa de la Generalitat —que Airbnb pagó, al tiempo que recurrió—, le sucedieron varias del Ayuntamiento de Barcelona. Todas por la misma razón: anunciar viviendas para turistas que no tienen licencia de piso turístico, lo que la Ley de Turismo de Cataluña califica de infracción muy grave.

La última de las multas del ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau asciende a 600.000 euros. Al hacerse pública unas semanas, la plataforma afirmó que Barcelona es la única ciudad del mundo que les ha multado y subrayó que en otras grandes urbes ha llegado a acuerdos con los Ayuntamientos. Por ejemplo, dijo, ha firmado convenios para recaudar la tasa turística a través del portal.

Incógnita sobre las sanciones de Colau

Ahora, pues, la incógnita es saber qué consecuencias puede tener la anulación de la multa de la Generalitat sobre las impuestas por el consistorio barcelonés. Este lunes la plataforma celebró el fallo con un escueto comunicado: “Airbnb es parte de la solución en Barcelona y desea colaborar en la elaboración de una normativa clara que permita compartir el propio hogar. Esperamos que esta decisión inicie una nueva conversación sobre cómo poder trabajar de manera conjunta con las diferentes administraciones”.

En los fundamentos jurídicos, la sentencia apunta que “existe una orfandad en la regulación de este nuevo fenómeno de consumo [...] que no puede ser suplido con la imposición de una sanción cuando ha alcanzado el grado de ‘industria’, sino con abordarla de forma decidida”. “Hemos de concluir que la recurrente [Airbnb] realiza una actividad económica específica no regulada en términos tales que pueda afirmarse que se infringe la normativa de forma flagrante, como se exige cuando se están imponiendo sanciones”. La economía colaborativa, afirma, “desborda las previsiones legales que no pueden ser resueltas de forma provisional por medio de ‘sanciones prospectivas’”.

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