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El 15,8% de los hogares andaluces no puede calentar la vivienda

La Asociación Pro Derechos Humanos convoca una marcha el sábado en Sevilla y Granada

Una mujer en la cocina de su vivienda afectada por los cortes de luz y agua. Ampliar foto
Una mujer en la cocina de su vivienda afectada por los cortes de luz y agua.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha identificado en Andalucía 10 vulneraciones de las garantías universales para las personas que van desde la pobreza (el 15,8% de los hogares no puede calentar la vivienda) a la educación. Para luchar contra ellas, esta entidad ha convocado este sábado una manifestación que partirá a las doce del mediodía de la Puerta de Jerez en la capital andaluza.

Según la entidad, los “índices de paro, exclusión y pobreza son inaceptables” y llevan a la población a una "seria situación de emergencia social". La APDH señala como principal causa el 28,52% de paro en Andalucía, diez puntos por encima de la media estatal, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta situación pone en riesgo de pobreza y exclusión social al 42%, frente a la tasa estatal que es del 29,2%, según el índice AROPE.

La organización ha resaltado en especial la situación de las personas afectadas por el paro de larga duración sin prestaciones, las identificaciones basadas en perfiles étnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las personas extranjeras o la falta de acceso a la salud dentro de prisión.

Entre las vulneraciones que denuncia la APDHA se encuentran la emergencia habitacional, con una falta de acceso “gravísima” a la vivienda de personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o alquiler y que son desahuciadas a diario. “Las administraciones no están haciendo nada significativo para cambiar esta situación ni por el 15,8% de los hogares andaluces que, según el INE, no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno.

La APDHA añade el maltrato policial a las personas migrantes que intentan cruzar la frontera en busca de una vida mejor, las devoluciones en caliente, la imposibilidad de los refugiados que huyen de la guerra y la persecución para pedir asilo y el internamiento en los CIE, a pesar de que estas personas no han cometido delito alguno.

En educación, la organización denuncia la desaparición de líneas de educación infantil y primaria, la creciente privatización, la insuficiencia de ayudas al estudio, los precios excesivamente elevados de las tasas universitarias, el difícil acceso a los ciclos formativos y los retrasos en cubrir las bajas y permisos del profesorado que en demasiadas ocasiones llega a ser hasta de 20 e incluso 30 días.

Por último, la asociación  hace referencia también a los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, a la vigencia de la prisión permanente revisable y al crecimiento de la xenofobia que se traduce en el aumento de los delitos de odio a extranjeros en España.