Pobreza energética

Una sociedad avanzada no puede permitir que ciudadanos en situación de exclusión social mueran a causa de la pobreza energética. Una mujer de 81 años falleció el pasado lunes en Reus en un incendio causado por la vela con la que se alumbraba después de que le fuera cortado el suministro. Es el último caso, pero las víctimas de esta realidad soterrada son muchas más si añadimos las muertes prematuras que se producen, la mayoría de ancianos, por no poder mantener la temperatura necesaria para preservar la salud.

La pobreza energética es una de las nuevas formas de vulnerabilidad que han aparecido con el aumento de las desigualdades. Lejos del viejo cliché que identifica pobreza con la exclusión extrema de los que no tienen techo, las nuevas formas de exclusión social son más complejas y menos visibles. La pobreza se caracteriza hoy por un abanico de carencias que tienen consecuencias graves, pero no siempre son perceptibles. No tener suficiente para una alimentación adecuada, por ejemplo, no significa no comer, sino comer mal, y por eso la obesidad infantil es hoy, contra todo cliché, un signo de pobreza. Lo mismo ocurre con la energía.

Diferentes estudios han alertado del alarmante incremento de la pobreza energética, agravada en nuestro caso por tres factores: la caída de los ingresos a causa de la crisis, el mal estado en que se encuentran muchas viviendas y un aumento sin precedentes del precio de la energía. El recibo de la luz se ha incrementado en España un 52% desde 2008. En las economías familiares que se encuentran en el límite, un aumento de esta magnitud puede aborcar al impago y al corte de suministro. Un estudio realizado en 2014 reveló que el 9% de los hogares españoles no pueden mantener la temperatura adecuada en invierno (entre 18 y 21 grados), lo que afecta a más de cuatro millones de personas.

Estas nuevas realidades exigen de los poderes públicos mayor diligencia de la demostrada y capacidad para habilitar nuevos instrumentos. Ya en 2009 la UE aprobó dos directivas que instaban a los Gobiernos a aprobar planes contra la pobreza energética. De los 28 países miembros, solo 17 han legislado al respecto. España no solo no lo ha hecho sino que ha tratado de impedir que otras administraciones lo hagan, por ejemplo recurriendo un decreto de la Generalitat sobre la materia.

El Parlamento catalán aprobó después una ley que obliga a las compañías eléctricas a comunicar a los servicios sociales los casos en que van a cortar el suministro. Gas Natural Fenosa no lo hizo en el caso de la anciana de Reus. Las compañías han mostrado una gran resistencia a cumplir la ley, hasta el punto de que algunos Ayuntamientos, como el de Sabadell, han abierto numerosos expendientes sancionadores, lo mismo que la Generalitat. El problema es grave y cada uno debe asumir su responsabilidad. El Gobierno central debe aprobar un plan contra la pobreza energética que no obstaculice sino que ayude a las autonomías a abordar el problema. Y las empresas, que tanto hablan de responsabilidad social, deben demostrarla colaborando con las autoridades.