Presupuestos y pecadillos

Independentistas y unionistas, encarnados por el Gobierno catalán y el central, pasan el tiempo en papeles de ingenuos turistas o maestros trileros para tratar de adivinar bajo qué cubilete se esconde la bolita de la partida presupuestaria del referéndum, la consulta o lo que sea que la Divina Providencia depare para la Cataluña de 2017. El espectáculo está en marcha y una multitud de curiosos mirones se agolpa. Mientras, el auténtico negocio lo hacen los carteristas. Todos saben que el juego es un engaño, pero también que entretiene un montón.

A ese contexto se suman los Presupuestos de la Generalitat para 2017, “los últimos de la autonomía”. Todo es provisional, porque la independencia ya asoma la oreja por la esquina. Pero en el ínterin hay que ver cómo sobrevivimos. Para ello la Generalitat anuncia como elemento estrella un impuesto sobre bebidas azucaradas, que ya había presentado y retirado en 2013, por presiones de las grandes compañías norteamericanas. Otro elemento de justicia social es el publicitado tributo, con un tipo máximo del 1%, sobre inmuebles privados, automóviles, yates o aviones que estén a nombre de empresas y que no se usen para la actividad productiva, sino para usos particulares. También se prevé la extensión de la tasa turística a todos los apartamentos y cruceristas, gravámenes medioambientales sobre la energía nuclear y las grandes superficies. A ver en qué queda todo ello, vistas las ricas experiencias vividas. Todo ello sobre el papel. Mientras, en el mundo real sucede que en el primer año de aplicación del nuevo plan de la Generalitat contra el fraude (2015), la Hacienda catalana recaudó un 10,3% menos que el año anterior, según la memoria de la propia Agencia Tributaria de Cataluña. ¿Hay vida más allá de la retórica para hacer llevaderos los efectos de la crisis para los más débiles?

Una primera ojeada a los Presupuestos para 2017 hace fácilmente perceptible que el conglomerado independentista de Junts pel Sí muestra una gran pereza a la hora de aplicar mayores gravámenes en sucesiones, un impuesto que Artur Mas fulminó al poco de llegar al poder en 2011. No sorprende esa escasa reactividad de una fuerza política que arrastra los vicios de la vieja CDC. Fruto de aquel movido y alocado 2011, los votos de PP y CiU alumbraron en el Parlament la ley de techo de déficit. Con ella la Generalitat decidió adelantarse a la legislación del Estado y fijar para el ejercicio de 2018 la fecha para limitar su déficit estructural al 0,14% del PIB, dos años antes de lo acordado por PP y PSOE para España. Éramos discípulos aventajados y la ley catalana fijaba sin sonrojo el “carácter prioritario” del pago de intereses y capital a la banca. Ahora, aquel proyecto ha merecido un discreto entierro de tercera, acorde con su calvinismo: ni pompa ni boato. Pecadillos de prepotente juventud. Pero aquellos polvos trajeron estos lodos: la ley de Presupuestos para 2017 no ha logrado revertir los recortes practicados en la era Mas. El gasto en los servicios básicos —sanidad, educación, servicios sociales y vivienda— está un 11% por debajo del existente en 2010, antes de que Cataluña quedara presupuestariamente desfigurada.

Es verdad que por parte de Esquerra se intenta dar un perfil más social a las cuentas de la Generalitat. Los equilibrios en el conglomerado independentista son, sin embargo, complejos. Las entidades que combaten la pobreza creen que es necesario un sobreesfuerzo para que esa mejora de tres años continuados de crecimiento económico se manifieste —más allá de en los bonos y sueldos de ejecutivos— en los 200.000 hogares catalanes con todos sus miembros en paro. Y los presupuestos son una excelente herramienta para ello.

Los gestos también pueden acompañar. Por ejemplo, la Generalitat podría dar un paso atrás y no reclamar dos años de prisión para una pareja desahuciada en el barrio barcelonés de El Clot. El matrimonio fue desalojado en 2011, cuando llevaba 25 años viviendo de alquiler. ¡Menuda cosecha la de 2011! Ley de techo de déficit, supresión del impuesto de sucesiones y nada menos que 32 furgonetas de los mossos desalojando ese piso de El Clot que, a juzgar por el despliegue, más que una vivienda debía ser una suerte de casamata. La fiscalía solo pide una multa para la pareja desahuciada. Y es que algunos se empeñan en judicializar el derecho a la vivienda.