La Generalitat valenciana se suma a la causa judicial contra Ribera Salud
Puig afirma que la sanidad pública ha perdido "cientos de millones" con las concesiones privadas
La Generalitat valenciana se personará en la causa judicial abierta contra Ribera Salud en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. El presidente Ximo Puig lo ha anunciado este jueves y ha manifestado su opinión sobre los supuestos hechos cometidos por la gran empresa española de gestión de la sanidad pública: "Parece que lo más importante a la hora de decidir qué se compraba no era el precio, sino la comisión".
Según la denuncia de la policía, Ribera Salud cobró comisiones a los proveedores de material ortoprotésico. Unos pagos que habrían sido una condición para que las suministradoras pudieran acceder a los tres departamentos de salud valencianos que gestiona Ribera Salud. A diferencia de otros productos, las prótesis las paga directamente la Generalitat, por lo que los investigadores consideran que pudieron cometerse los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Ribera Salud ha evitado pronunciarse sobre la cuestión alegando el asunto está bajo investigación judicial. La Fiscalía ha pedido que declaren como investigados —imputados— el director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y el director financiero, Pablo Gallart.
Puig ha hecho el anuncio en las Cortes Valencianas, donde que hace unas semanas comunicó el inicio del proceso oficial para revertir la primera concesión sanitaria de la Comunidad Valenciana, la del hospital de Alzira y su área de Salud, que vence en 2018.
"La Generalitat colabora con la justicia y la semana pasada remitió toda la información solicitada por el juez instructor, además de otra documentación adicional que puede ser útil. La mera sospecha de que los intereses comerciales han estado por encima de los asistenciales es suficiente", ha declarado Puig en respuesta a una pregunta parlamentaria del portavoz de Compromís, Fran Ferri.
El presidente de la Generalitat ha hecho una valoración muy crítica de la gestión de la sanidad pública por operadores privados. "Hasta ahora no había control efectivo de las concesiones, ni sobre la calidad de su servicio, ni sobre cuestiones económico-financieras. Había 24 liquidaciones pendientes. Solo la concesión de Torrevieja estaba al día, y eso supone dejar de recuperar cientos de millones que podrían haber ido a mejorar la salud pública", ha afirmado.
El Consell está elaborando "las primeras auditorías de gestión" de las concesiones, un modelo que se puso en marcha a finales de los años noventa.
El sistema fue impulsado por el PP, que ha criticado la decisión de revertir las concesiones. Además de la de Alzira, la Generalitat ha manifestado que quiere recuperar las otras cuatro existentes, y que vencen a partir de 2019, cuando está previsto que termine la legislatura.
El modelo de colaboración público-privada da servicio a 894.798 valencianos, el 19,2% de la población de la Comunidad Valenciana. Además de Alzira, se rigen por este sistema los departamentos de Manises, Elche, Torrevieja y Dénia.
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