Dimite la ‘número tres’ de Fuenlabrada tras ser condenada a un año de carcel por malversación
La concejal de Sostenibilidad, con acta de IU-CM, ha dimitido para "no dañar el pacto de gobierno" con el PSOE
La segunda teniente alcalde y concejal de Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, María Teresa Fernández, con acta de IU-CM, ha anunciado este lunes su "dimisión irrevocable" de sus cargos en el Gobierno local -en coalición con el PSOE- para "no dañar el pacto", tras ser declarada culpable y condenada a un año de cárcel por malversación de fondos por un jurado popular.
Fernández ha reconocido que el viernes presentó su renuncia al alcalde, Manuel Robles (PSOE), y ha anunciado que entregará su acta de concejal en el último pleno del año, el día 21 de diciembre, cuando se apruebe el presupuesto municipal. El Partido Popular ha exigido al PSOE-M que fuerce la ruptura del pacto de Gobierno local.
La concejal manifiesta que ha tomado esta decisión para que acabe lo que ha definido como "cacería personal y política del PP" contra ella por 179 euros: el coste de las obras que realizó en su vivienda particular con materiales y personal del Ayuntamiento y que derivó en la causa por la que la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado. Fernández ha asegurado que no se marchará de la política y que estará para lo que necesite la ciudad. La concejal ha señalado que "no va a cesar" hasta que quede demostrada su inocencia y "el montaje del PP", partido al que ha definido como "el más corrupto de Europa".
Según la sentencia de la Audiencia Provincial, en mayo de 2012, la acusada recibió al arquitecto técnico del Ayuntamiento para que efectuara las obras necesarias en su vivienda particular de Fuenlabrada. La reforma pretendía evitar filtraciones de agua que se producían en los muros de determinadas parcelas que conformaban la comunidad de propietarios de dicha calle y que causaban molestias a los vecinos.
La acusada, "en interés personal y en su propio beneficio encargó verbalmente la realización de tales obras" al acusado Victoriano Aguado, funcionario del Ayuntamiento y responsable del alcantarillado. Encargo que aceptó no sin antes consultar la realización de tales obras al también acusado Francisco José Hernández, funcionario del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hernández gestionó y ordenó a Aguado que las reformas se llevaran a cabo, a pesar de conocer que se trataba de la vivienda particular de la acusada y que se iban a emplear medios públicos.
Las obras comenzaron a realizarse 28 de mayo de 2012 hasta que se interrumpieron cuando la Policía Local a Aguado para que justificara y presentara la licencia de obras correspondiente, cosa que no hizo por lo que se procedió a su paralización. El importe de las reformas realizadas hasta ese momento era de 179,12 euros.
Los acusados han sido condenados a un año de prisión, una multa de tres meses a razón de diez euros diarios, inhabilitados para el empleo o cargo público durante un año, y al pago de las costas procesales. Asimismo, los condenados deberán indemnizar "conjunta y solidariamente" al Ayuntamiento de Fuenlabrada con 179 euros y 12 céntimos.
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