La Audiencia Nacional cree que Granados “oculta un elevadísimo patrimonio”

La Audiencia Nacional considera que hay “datos” que revelan que Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP madrileño, “oculta” un “elevadísimo patrimonio”. La Sección Cuarta de lo Penal confirmó el pasado viernes la prórroga de la prisión de Granados, uno de los cerebros de la Operación Púnica de corrupción. En la resolución por la que se mantiene a Granados en la cárcel de Estremera (Madrid), donde ingresó el 31 de octubre de 2014, el tribunal apunta “datos elocuentes” sobre “la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquel que no siguiera sus directrices”.

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La Audiencia considera que persiste el riesgo genérico de fuga y de destrucción de pruebas por los que el juez instructor Eloy Velasco decidió prorrogar la prisión provisional de Granados más allá de los dos años inicialmente previstos como máximo en la ley. La Sección Cuarta recuerda que a medida que han avanzado las pesquisas “se ha hecho más patente el presunto acopio de importantísimas sumas de dinero de ajena procedencia” por parte de Granados. El tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo cita el casi un millón de euros hallado en un altillo del domicilio de los suegros del expolítico y el dinero hallado en cuentas en Suiza y del que las autoridades helvéticas dieron parte a la Fiscalía Anticorrupción.

Sobre estos fondos suizos, Granados sostuvo que eran el producto de ganancias obtenidas cuando trabajaba como analista para el banco Société Générale antes de entrar en la vida política. “Lo cierto es que no consta en el testimonio remitido la certeza de tal aseveración”, señala el tribunal.

Granados es el único del más de cien imputados que acumula la macrooperación Púnica, que se ha dividido en 14 piezas separadas y que se desarrolló en las comunidades de Madrid, Valencia, Castilla y León y Murcia.

En la vista en la que se dirimió el recurso de Granados contra la decisión del juez Velasco de mantenerle en prisión, la fiscalía sostuvo que desde que entró en política, en torno al año 2000, participó en gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario “en las que se ventilan miles de millones”. Según la fiscalía, “hay datos incriminatorios bastantes para pensar que Granados obtuvo pingües beneficios que servirían para eludir la acción de la justicia”.