Colau descarta municipalizar la limpieza pese al escándalo de FCC
El pleno del Ayuntamiento aprueba estudiar la viabilidad de internalizar el servicio
El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, descarta municipalizar el servicio de recogida de basura y limpieza viaria pese a las evidencias sobre el presunto fraude cometido por parte de la compañía FCC, adjudicataria del servicio, un caso que el propio ejecutivo ha llevado a la Fiscalía. La negativa del equipo de Colau no evitó que ERC sacara adelante, gracias a la CUP, una proposición que insta al ejecutivo a estudiar la viabilidad de remunicipalizar el servicio.
Aval político a la gestión pública del agua
El pleno Barcelona dio ayer aval político para avanzar en la remunicipalización del agua, una de las promesas electorales del gobierno de Ada Colau. Los grupos aprobaron dos proposiciones, de Barcelona en comú y la CUP, que defienden estudiar la gestión pública del servicio. “Es histórico, por primera vez el pleno se sitúa a favor de la gestión pública del agua, que es la mejor forma para gestionar un servicio esencial tan básico”, celebró el concejal Eloi Badia, que aseguró que la gestión pública puede rebajar un 10% el recibo que pagan los barceloneses y ahorrar por lo menos 38,7 millones de euros cada año.
Agbar respondió que remunicipalizar “no mejora el servicio” y aseguró que el debate “no obedece al interés general de los ciudadanos”. “En este país el agua siempre es de titularidad pública y su gestión a través de sistemas de colaboración público-privados obedece a razones de eficiencia”, afirmó.
La proposición del partido de la alcaldesa habla de "abrir una línea de trabajo hacia la gestión pública directa e integral del ciclo del agua, incluido el suministro domiciliario", además de "dotar presupuestariamente esta línea de trabajo" para hacer informes técnicos al respecto. Además de BComú la apoyaron el PSC, ERC y la CUP. PP y Ciutadans se abstuvieron y CiU votó en contra.
La proposición de la CUP también prevé fondos para estudios técnicos y jurídicos y "fijar un calendario" para el proceso de asumir la gestión del servicio. La apoyó Bcomú, ERC y CiU y el PP y Ciutadans votaron en contra, mientras que PSC se abstuvo. Los contrarios a la proposición, la tacharon de "dogmática" y acusaron al gobierno de Colau de "débil" por no presentar la iniciativa como medida de gobierno (CiU); reclamaron estudios previos (Ciutadans); o la tacharon de "gesticulación" (PP).
El texto de la proposición insta a profundizar en una auditoría y controles del servicio y a “encargar un informe que estudie la viabilidad económica de municipalizar total o parcialmente el servicio”. Una contrata que cuesta 260 millones anuales, el 10% del presupuesto municipal de la ciudad. ERC solo logró el apoyo de la CUP, pero sumaron ocho votos, más que los cinco en contra de Ciutadans. CiU, PP, PSC y BComú se abstuvieron.
Por parte del gobierno, se repartieron el tiempo de intervención los concejales de Arquitectura, Daniel Mòdol, y la teniente de alcalde de Urbanismo y Ecología, Janet Sanz. Mòdol defendió el rigor y el control de la contratación pública y pero advirtió de que remunicipalizar este servicio comportaría también gestionar “personal, sistemas, tecnología, contenedores y vehículos”.
Y la teniente de alcalde Janet Sanz alertó de que la recogida de basura “es uno de los servicios fundamentales de la ciudad” y aunque aseguró que “comparte la necesidad de abordar el debate sobre la gestión de los servicios” y su “control público”, concluyó: “Pero no podemos decidir remunicipalizar por un presunto fraude”.
65 millones de ahorro
El líder de ERC en el consistorio, Alfred Bosch, defendió que revirtiendo la externalización “por lo menos nos ahorraríamos los 800.000 euros —del presunto fraude—, nos ahorraríamos problemas y haríamos limpieza”. Bosch recordó que los procesos de remunicipalización de Terrassa, Sant Boi o Girona, y la CUP los de Torrevieja, León o Santiago de Compostela, además de recordar los millones que aseguraron que ahorrarán estos ayuntamientos. La concejal Maria José Lecha aseguró que en Barcelona se podría ahorrar un 30% anual, 65 millones, “o un 15% del coste y aplicar mejoras en las condiciones laborales”.
El de ayer fue el pleno más corto del mandato: solo tres puntos en la parte ejecutiva del orden del día, y de poco calado. La oposición criticó por ello al gobierno y CiU —que volvió a denunciar la falta de diálogo “y de temas a debatir” en palabras de Joaquim Forn— obtuvo un amplio apoyo (de Ciutadans, ERC y PP) en una proposición que insta a Colau a “asumir las funciones ejecutivas y de impulso que le corresponden”. No faltaron las comparaciones entre la política de Colau y la jornada de rebajas de ayer: “Pleno Black Friday”, coincidieron ERC y PP.
El gobierno y sus sus socios del PSC, defendieron negaron que no tomen decisiones. Una alianza que de nuevo tensó la cuerda con ERC: "Usted es el peor error de Colau", espetó el republicano Jordi Coronas al socialista Jaume Collboni.
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