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La justicia anula el plan para levantar un rascacielos en el Palacio de Congresos

El proyecto supondría una "descatalogación de facto del edificio", según el Tribunal Superior de Madrid

l Palacio de Congresos del paseo de la Castellana, el pasado viernes.
l Palacio de Congresos del paseo de la Castellana, el pasado viernes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el plan que permitía construir, adosado al Palacio de Congresos de la Castellana, un rascacielos de 23 plantas que albergaría un hotel de lujo. Con él, el Ministerio de Industria pretendía costear la reforma de su recinto ferial, clausurado en 2012 tras ser detectados fallos de seguridad. Los magistrados aceptan parcialmente el recurso de la comunidad de vecinos que está justo detrás del palacio y anulan el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en abril de 2015 porque “produce una descatalogación de facto del edificio”, que está protegido desde 2004. Tanto el Ayuntamiento como el ministerio pueden recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo.

El Palacio de Congresos de Madrid —en el número 99 del paseo de la Castellana, frente al estadio Santiago Bernabéu y al complejo financiero de Azca— goza de un nivel de protección 2, en grado volumétrico. Se concede a aquellos edificios “cuyo mayor valor es el de su integración en el conjunto superior formado por el paisaje y la trama urbana, pudiendo tener además elementos arquitectónicos dignos de conservación”.

Por eso, el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior de Justicia de Madrid, después de tumbar otros argumentos sobre el uso de unos instrumentos urbanísticos u otros, o sobre si el rascacielos iba quitar horas de sol a los vecinos, admite que la reforma del Palacio de Congresos no se compadece con su nivel de protección, pese a que cuenta con un informe favorable de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico de Madrid.

“El régimen de obras autorizable en un edificio o en cualquiera de sus elementos queda limitado en función de su catalogación y tiene por objetivo la preservación y puesta en valor de las características que singularizan o hacen digno de conservación (...) y con la implantación del uso asociado se permiten obras que eliminan la citada singularidad”, dice la sentencia, fechada el pasado día 3. Aunque el otro elemento protegido del palacio se iba a mantener intacto y, además, se iba a restaurar (el mural diseñado por Joan Miró y ejecutado por el ceramista Joan Gardy Artigas), los jueces han considerado que un hotel de hasta 23 plantas adosado en un lateral alteraría esa configuración general del conjunto arquitectónico, que llevó en 2004 a su catalogación.

Ese gran rascacielos era el reclamo con el que Turespaña —el organismo estatal de turismo dependiente del Ministerio de Industria responsable del Palacio de Congresos— pretendía atraer a unos inversores que, a cambio de gestionar durante 40 años tanto el futuro hotel como el propio recinto ferial (que incluye un auditorio, salas de reuniones, despachos o un salón de banquetes), costearían además el resto de obras necesarias para poder reabrir.

Solución frustrada

Con la tragedia del Madrid Arena (en la que murieron cinco jóvenes en una fiesta en un recinto municipal) aún muy fresca en la memoria, una inspección detectó graves fallos de seguridad, que llevaron a finales de 2012 al cierre del Palacio de Congresos, un edificio de cinco plantas construido en 1970. Como ni Turespaña ni el Ministerio de Industria disponían (ni disponen ahora) de los 80 millones de euros necesarios para hacer la reforma integral que requiere para adaptarse a la normativa, la solución que finalmente encontraron fue hacer un hotel en un gran rascaciecielos en una de las zonas más emblemáticas de la capital.

La idea era aprovechar el aumento de edificabilidad (de 39.812 a 47.759 metros cuadrados) que les había concedido el Ayuntamiento de Madrid ya en 2001, para hacer una reforma que tampoco se llegó a realizar. Fueron los anteriores equipos municipales, liderados por el PP, los que aprobaron tanto aquel aumento de edificabilidad hace 15 años como el proyecto definitivo del año pasado que ahora acaba de tumbar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Pese a que este plan especial insiste en la lógica de tener un hotel como complemento básico de un centro de convenciones y congresos, los magistrados de Superior de Justicia cuestionan las razones esgrimidas para llevarlo a cabo. La sentencia considera que alterar los elementos protegidos “exige un mayor rigor argumentativo” que determine que el uso dotacional, es decir, el hotel, “no está vinculado a un beneficio exclusivo de su titular, como parece deducirse de las escasas razones dadas para su implantación”, dice el fallo. Es decir, que hacen falta razones que justifiquen el interés general y no solo el puramente económico para el promotor.

Fuentes del Ministerio de Industria aseguraron el viernes que el departamento está estudiando la sentencia, la conveniencia o no de recurrir al Supremo y, al final, cuál puede ser la solución para un recinto que está a punto de cumplir cuatro años cerrado.

De la Castellana al Manzanares

“La justicia ha vuelto a decirle al Ayuntamiento que no se pueden hacer planes que piensen únicamente en el beneficio del promotor y no en el de toda la comunidad”, declara Jaime Doreste, el abogado que ha defendido los intereses de unos vecinos frente al Ministerio de Industria y ha ganado.

Doreste hace referencia al fallo que anuló en febrero de 2015 el primer plan del Real Madrid para reformar el estadio Bernabéu —justo enfrente del recinto ferial de la Castellana—, que preveía ampliar la superficie edificada para levantar un centro comercial y un hotel; ahora se acaba de presentar un nuevo plan sin aumento de superficie. También se refiere a los dos fallos que anularon en 2012 y el pasado mayo sucesivos proyectos de traslado del Vicente Calderón y construcción de viviendas en su lugar, junto al Manzanares y a Madrid Río.

Las cuatro sentencias —las de los estadios y la del Palacio de Congresos— tienen algo más en común: están firmadas por el mismo ponente, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco Javier Canabal Conejos.

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