“Es muy bueno que haya una cultura de la desobediencia en Cataluña”

En la plaza de Sant Pere de Berga (Berguedà) hay esteladas en más de la mitad de los balcones. Pero sólo una, la que cuelga del balcón del Ayuntamiento, es la que los últimos días ha vinculado al pueblo con los conceptos de desobediencia y rebelión. La bandera independentista ondeó durante las jornadas electorales del 27-S y del 20-D, a pesar de que la Junta Electoral había pedido su retirada. La alcaldesa, Montse Venturós (Berga, 1985), que gestiona la ciudad más grande gobernada por la CUP (16.238 habitantes), se negó a sacar la estelada y, como consecuencia, el juez la citó para escuchar sus explicaciones. Venturós no ha ido a ver el juez: ya lo ha plantado dos veces, los pasados 5 de abril y 17 de octubre. Tampoco tiene previsto responder a una carta de la Delegación del Gobierno donde se le pide información sobre la apertura del Ayuntamiento el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, y asegura que tiene pensado trabajar también el día de la Constitución, el 6 de diciembre. 

Pregunta: Estos actos de desobediencia pueden tener consecuencias graves, ¿cuáles pueden ser?

Respuesta: Asumiremos las consecuencias. Si hay un tercer requerimiento, puede ser que llegue una orden de búsqueda y captura y una detención para hacernos personar ante un juez. Nosotros entendemos que, puesto que es un proceso político, podría darse otro caso. Decidimos que no sacaríamos la estelada porque no entendíamos el fundamento jurídico en que se basaba la petición, y porque tenemos un acuerdo plenario del 6 de diciembre de 2012 según el cual la estelada tiene que estar colgada hasta el día de la independencia. Y no me he presentado ante el juez en las dos ocasiones porque estamos en un proceso de ruptura con el Estado español y lo que no podemos hacer es reconocer estos juzgados y tribunales que están asediando directamente y criminalizando con fórmulas absolutamente antidemocráticas todo lo que son las administraciones públicas catalanas y las libre opinión y la voluntad de todo un pueblo.

Más información

La alcaldesa de Berga vuelve a plantar al juez que la investiga por mantener la estelada

El Ayuntamiento de Badalona desafía al juez y abre las dependencias a los ciudadanos

P.: ¿Le da miedo lo que puede pasar a partir de ahora?

R.: Son las primeras embestidas que hace el Estado español contra las administraciones públicas catalanas, pero vendrán otras muchas, y tenemos que actuar con firmeza y con mucha determinación para sacar adelante este proceso. Hace falta cuanto más unidad mejor y trabajar de forma conjunta ante estos hechos antidemocráticos. Entendemos que todo proceso de ruptura y todo momento histórico como el que estamos viviendo tendrá unas consecuencias que o las asumimos o no se llegará a las aspiraciones que tenemos como pueblo.

P.: En alguna entrevista ha dicho que la CUP obedece sólo a la voluntad popular. Pero, ¿qué pueblo es el que los apoya, teniendo en cuenta que sólo tienen 58 votos más que CiU, y que no comparten siempre los actos de desobediencia?

R.: Nosotros la voluntad popular la entendemos a partir de esa petición que se había formulado de no retirar la estelada del balcón hasta el día de la independencia. En el caso de Berga, la voluntad es nítidamente independentista: somos diecisiete regidores, 15 de los cuales somos independentistas. Es cierto que se conciben diferentes maneras de aplicar el enfrentamiento directo con el Estado y, en este sentido, seguramente Convergència sí se hubiera personado ante el juez. A pesar de que la estelada la puso CiU después del pleno, en las elecciones de mayo del 2015 la estelada se retiró. Nosotros entendíamos que teníamos que asumirlo.

P.: Con Convergència y ERC, ¿van juntos en el camino de las desobediencias o tienen miedo que los dejen sólo? ¿Cuál es el final de este camino?

R.: En este caso de la estelada, el apoyo lo hemos tenido todo, tanto de ERC como de CiU y de los compañeros de ICV. Han apoyado esta acción de desobediencia aunque no la compartan. Para nosotros, el final del camino es la voluntad de decir que esta legalidad establecida en el Estado español no la entendemos como legítima: no conseguiremos la independencia si no desobedecemos esta legalidad que es la que no nos permite conseguir nuestra realidad como pueblo. Si el objetivo común es conseguir el derecho a la autodeterminación, esto no se puede hacer de manera pactada, porque se ha intentado muchas veces y no hay manera. El Estado no da ningún tipo de vía para resolver este conflicto. Por lo tanto tendremos que ser todos. Estos pequeños pasos de desobediencia, que ahora con las banderas son puramente simbólicos, tendrán que llegar un día que sean realizadas con unidad y con toda la firmeza del mundo para que salgan adelante. 

P.: Con todas las acciones de desobediencia que se están llevando a cabo, ¿se está creando un clima o una cultura de la desobediencia? ¿Es bueno que sea así?

R.: Es muy bueno que sea así, porque entendemos que todos los cambios políticos nacen a partir de toda una serie de acciones que entienden la desobediencia como una herramienta política. Está demostrado que sirve para modificar legalidades establecidas o para buscar espacios diferentes de trabajo. Evidentemente sabemos que la independencia de los Països Catalans no llegará nunca del cumplimiento de la legalidad establecida, que está hecho para mantener un orden preestablecido, un orden que bebe directamente de una herencia franquista que nosotros ponemos muy en entredicho.

P.: El Ayuntamiento de Berga fue uno de los que abrieron el pasado 12 de octubre, y ustedes han recibido una carta de la Delegación del Gobierno que pide explicaciones sobre este hecho. ¿Qué harán, la responderán?

R.: Haremos caso omiso, porque no entendemos la legitimidad del Tribunal Constitucional o de cualquiera otro tribunal que sirva sólo para judicializar temas estrictamente políticos. En este caso es una muestra más de la persecución de cargos públicos y ayuntamientos. El día 12 vinieron 25 personas a trabajar, e intentaremos hacer lo mismo el día 6 de diciembre, como mínimo los regidores y regidoras. 

P.: El día que los regidores de Badalona rompieron un auto del juez, después llegó una mujer a buscarlos y como respuesta rompió ante ellos un documento del Ayuntamiento. ¿Cuáles pueden ser los efectos de la desobediencia en temas simbólicos en los ciudadanos?

R.: Allá donde hay leyes injustas, la desobediencia es una obligación, porque es obediencia al mandato popular o justicia. Nosotros tenemos que trabajar en pro que este discurso se extienda a otros espacios, para que las otras personas lleguen a la misma conclusión a la cual ha llegado el pueblo durante todos estos años. Es evidente que habrá personas que no estarán de acuerdo, pero entendemos que no es lo mismo un impuesto o una multa que una medida de persecución política, que es lo que está haciendo el Estado español contra una voluntad de un pueblo. Tenemos que explicar bien de donde sale toda esta razia del Estado contra un pueblo.

P.: Hace un año y medio que entraron en el Ayuntamiento y cuando llegaron la deuda era muy alta. Prometieron auditarlo, ver si una parte de la deuda era ilegítima y, en caso de que lo fuera, proponían no asumir el pago. ¿Qué se ha hecho de todo esto?

R.: La deuda que tenemos es muy alta, unos 18 millones y medio de euros. Además ha habido una carencia de trabajo eficaz en la Administración pública, y aparte tenemos unos 44 contenciosos administrativos abiertos por diferentes carencias de la Administración. Uno de los planteamientos que teníamos era hacer una auditoría, que haremos cuando estabilicemos las cuentas municipales. La parte de la deuda que creemos que es ilegítima son, por ejemplo, los créditos ICO, que han traspasado cantidades a las Administraciones locales para pagar los proveedores. El Estado lo trasladaba a una entidad bancaria al 1% de interés, y la entidad lo trasladaba a los ayuntamientos al 4%: esa es la deuda ilegítima, un dinero que está pagando el pueblo directamente a una entidad bancaria. Una de las voluntades para solucionarlo, en el supuesto de que la auditoria concluya que es ilegítimo, es desobedecer el pago. Pero estos actos de desobediencia que ya no son simbólicos tienen unas consecuencias muy claras: el Ayuntamiento de Berga no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer acompañado de otros ayuntamientos que creen una estructura que ande hacia la autogestión pura.

P.: ¿Comparte las palabras del exdiputado de la CUP Quim Arrufat, que dijo que los actos de desobediencia tenían que servir para provocar la fuerza sucia del Estado?

R.: La desobediencia no la hacemos ni para presionar a la Generalitat ni para provocar al Estado español: no hay que provocar al Estado español porque el Estado español se provoca solo. La guerra sucia la ha hecho toda la vida: con los conflictos vasco y catalán, con la vivienda, etc. La desobediencia no es un hecho para provocar, sino que forma parte de nuestra praxis política: cuando estás revirtiendo el orden establecido y haces trabajo en red, creas estructuras que van más allá de la Administración, como es el caso de la PAH, y eso son acciones de desobediencia.