Territorio afronta reclamaciones de 316 millones por los planes anulados

El Gobierno valenciano afronta el pago de 316 millones de euros a promotores urbanísticos y propietarios de suelo que han reclamado indemnizaciones porque los tribunales han anulado unos planes que la Administración autonómica aprobó a pesar de que carecían de los preceptivos informes de agua o de evaluación medioambiental. "Éste es el minuto y resultado de la gestión del PP", ha dicho la consejera de Territorio, María José Salvador, tras dar a conocer los datos.

Durante la época del boom urbanístico, la Generalitat, entonces gobernada por el PP, dio luz verde a planes urbanísticos que no reunían los informes exigidos por ley para su aprobación, como han reconocido más tarde los tribunales. Los afectados por la anulación judicial de esos proyectos -promotores y propietarios de suelo en su mayoría- han cogido la sentencia y se han ido a continuación a la Generalitat a reclamar indemnizaciones patrimoniales.

La Consejería de Territorio tiene encima de la mesa unas 60 reclamaciones por 20 planes urbanísticos anulados por la justicia, entre ellos el plan Rabassa de Alicante, el Plan General de Ordenación Urbana de Dénia, el plan de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Valencia, o el programa de Porxinos en la localidad valenciana de Riba-roja.

Para Salvador, este es el resultado de la "nefasta" y a veces "negligente" gestión del PP en materia urbanística, que ha llevado a que los propietarios afectados hayan presentado reclamaciones patrimoniales en los tribunales por la anulación de planes urbanísticos y la disminución del valor de sus terrenos.

La Generalitat ha recurrido las reclamaciones pero todo apunta, ha reconocido Salvador, a que haya muchas más dada la forma en que se gestionó el urbanismo en la Comunidad Valenciana durante años.

La hipoteca urbanística de los 20 años de gobierno popular han dejado 316 millones de euros por más de 60 reclamaciones de propietarios que ser aceptadas puede suponer un "auténtico torpedo a la línea de la flotación de las ya esquilmadas arcas públicas de la Generalitat", ha lamentado la titular de Territorio.

Los afectados por la anulación del plan Rabassa en Alicante piden a la Generalitat 30 millones de euros, los promotores del sector del río Algar en Altea reclaman otros 30 millones de euros, por la paralización del PGOU de Dénia se reclaman 71 millones de euros, por el PAI de Porxinos en Riba-roja se exigen casi 20 millones de euros y por la ZAL de Valencia, unos 54 millones. Las reclamaciones por la anulación del PGOU de Castellón no se han concretado todavía.