La mayoría de PGOU de 2007 no tiene informe de sostenibilidad

La mayoría de los Ayuntamientos valencianos ignora la legislación estatal y autonómica en materia de impacto medioambiental y participación pública en el trámite de sus nuevos planeamientos urbanísticos, según constata un estudio del colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano.

Los ecologistas dicen que el Consell "tolera" que se vulnere la norma

Medio Ambiente defiende que los PGOU se tramitan legalmente

El informe resalta que de los 28 planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sometidos a información pública durante el año 2007, tras superar la fase de concierto previo, sólo tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental. Los conservacionistas responsabilizan a la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de "tolerar" esa vulneración de la norma. El departamento que dirige José Ramón García Antón rechaza la denuncia.

Ecologista en Acción del País Valenciano asegura que la tramitación de la mayoría de los nuevos planes generales vulnera la ley estatal de evaluación ambiental estratégica e impide, por tanto, la participación pública recogida en la misma. El grupo ecologista, a tenor del seguimiento realizado a la actividad urbanística de los municipios valencianos en el año 2007, también denuncia que el grueso de planes no incluye la participación pública para la redacción de los estudios de paisaje, incumpliendo de esta forma la normativa autonómica.

El estudio de Ecologistas en Acción del País Valenciano constata que sólo dos de los 28 municipios habían recogido en sus respectivos PGOU un plan de participación pública previsto en la Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental estratégica y en la ley 27/2006 que incorpora la normativa europea recogida en el convenio de Aarhus. Los Ayuntamientos que cumplimentaron ese trámite fueron el de Palomar, en la provincia de Valencia, y Castalla (Alicante). Además, únicamente otros tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental y lo sometieron a información pública. Esos tres Ayuntamientos fueron los de Palma de Gandia, Aielo de Malferit (ambos en la provincia de Valencia) y Caudiel (Castellón), aunque este último con posterioridad a la información pública del proyecto.

Y en cuanto al cumplimiento de la participación pública prevista en la legislación autonómica (reglamento de paisaje, aprobado por el decreto 120/2006 de 11 de agosto), sólo se observó en los PGOU tramitados por los Ayuntamientos de Beniarjó, Lloc Nou d'En Fenollet y Palomar, en la provincia de Valencia; Albocàsser, Almenara, Borriol y Jérica, en la de Castellón, y Planes, Alcalalí y Castalla, en la provincia de Alicante. Para los ecologistas, la principal responsabilidad de que el procedimiento de participación pública no se esté dando actualmente recae en la Generalitat valenciana. El grupo naturalista sostiene que el Consell no informa ni guía a los Ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, de sus obligaciones, y que no ha incorporado la normativa estatal a la legislación autonómica. "Quizás se explique por la falta de interés en aplicar una normativa estatal que, cumpliendo con las directivas europeas, es mucho más ambiciosa que la realidad existente en el País Valenciano", precisa Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción.

La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a través de su gabinete de prensa, rechazó la acusación de los ecologistas. "Todos los PGOU en marcha en la Comunidad Valenciana se están tramitando de manera legal y respetando la norma estatal y autonómica, tanto en el apartado de evaluación ambiental como de la participación pública", señaló la responsable del área de comunicación del departamento que dirige el consejero José Ramón García Antón.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) más polémico aprobado provisionalmente recientemente es el de Sant Joan d'Alacant, que no cumple ninguno de los requisitos recogidos en la legislación vigente (ni el de participación pública ni el de sostenibilidad). Este plan ha recibido más de 300 alegaciones de vecinos, la oposición política y colectivos conservacionistas, entre ellos de Ecologistas en Acción del País Valenciano. El grueso de las alegaciones planteadas al documento urbanístico rechaza la iniciativa del equipo de gobierno local del PSPV de agotar prácticamente todo el suelo no urbanizable que existe en el término municipal y que supera los dos millones de metros cuadrados. El plan previsto para el crecimiento urbanístico de la población a medio plazo llevaría a Sant Joan d'Alacant a tener 32.000 viviendas y a multiplicar por cuatro su actual censo de habitantes, hasta rondar los 70.000 vecinos.

Los planes generales de ordenación urbana tramitados en 2007 en la Comunidad Valenciana y que no cumplen ninguno de los tres requisitos mencionados son los aprobados por los Ayuntamientos de Aielo de Malferit (en concreto el de fecha 29 de diciembre de 2006, uno de los dos que ha impulsado el municipio), Montserrat, Teresa de Cofrentes, Altura, Onda, Benafer, Antella, Alfarp, Lloc Nou d'En Fenollet (uno de los dos que ha tramitado el Consistorio de este municipio valenciano), Rafelcofer, Beniarbeig, Geldo, Caudiel (uno de los dos tramitados), Llutxent, Museros, Teulada, Useres y el citado de Sant Joan d'Alacant.