El Gobierno ha recurrido desde 2005 unos 80 planes urbanísticos

El Gobierno ha impugnado en los últimos tres años la aprobación de unos 80 planes urbanísticos por parte de la Generalitat y de algunos ayuntamientos porque no respetan sus competencias, según datos de la Delegación del Gobierno. Más de 60 recursos -de los que seis han supuesto la suspensión cautelar de los planeamientos- están a la espera de sentencia y otros siete se han resuelto de forma extraprocesal, es decir, se han corregido los defectos antes de que acabe el proceso.

Los recursos afectan a planes como el de la Vega de Cullera o Porxinos

La ley del Suelo eleva el nivel de exigencia para futuros proyectos

Dos de los recursos se han fallado en contra de la reclamación del Gobierno y uno, a favor. Y es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acaba de invalidar el plácet dado por la Generalitat al plan del Pinaret, en Ador, porque carecía del informe de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

"Esperamos muchos más", advierten desde la Delegación del Gobierno, que desde 2005 hasta el pasado mayo ha impugnado 82 aprobaciones, ya sea por parte de las comisiones territoriales de urbanismo o de ayuntamientos, al considerar que no respetan las competencias estatales. Un gran número de estos planes o no tiene informe de aguas de las confederaciones o éste era negativo. Otros planes se han impugnado por problemas de movilidad (falta de capacidad de las carreteras) o porque invadían el dominio público de los cauces de los ríos.

La nueva Ley del Suelo eleva el nivel de exigencia para la aprobación de futuros proyectos. Si la Ley del Agua -a la que se refieren la mayoría de recursos del Estado- sólo considera preceptivo, no vinculante, el informe de la confederación, la nueva norma ve sus dictámenes "determinantes". "El agua es una cuestión crucial en la fase de planeamiento y los tribunales lo han dejado claro", defiende el subdelegado del Gobierno de Valencia, Luis Felipe Martínez.

El balance de impugnaciones es aleccionador. Desde finales de 2005, el Gobierno central ha recurrido macroproyectos urbanísticos como la Vega de Cullera (12.000 viviendas) -más conocido como el Manhattan-, el de Brosquil en esta misma localidad de La Ribera, el de Nou Mil·leni de Catarroja, el de Gran Manises (10.000 viviendas), el de las lagunas de Rabassa o Porxinos (2.700 casas). Todos estos recursos, presentados por cuestiones hídricas, están admitidos a trámite y a la espera de resolución judicial.

El Ejecutivo central ha cosechado varios fracasos a la hora de suspender cautelarmente algunos de ellos. Es el caso de la Vega-puerto de Cullera, Porxinos en Riba-roja o el Pinaret de Ador. Sí ha conseguido detener provisionalmente, según datos de la Delegación del Gobierno, el concierto previo de Llaurí, un plan en Loriguilla, el plan general de Enguera, el plan de San Diego en Alfara del Patriarca o el plan parcial de Segaria, en Benimeli. El caso más sonado fue la paralización de la revisión del plan general de Benimuslem, un pequeño pueblo de La Ribera Alta de 600 habitantes, donde se prevé la construcción de 1.500 nuevas casas. La sala no vio probada la existencia de agua suficiente.

Un tercer bloque de recursos se ha saldado con lo que técnicamente se conoce como satisfacción extraprocesal, es decir, tras la impugnación, los consistorios han corregido los problemas. En esta situación están el plan parcial de mejora en Gilet, el Parque Empresarial Circuito de Cheste -un proyecto de 900.000 metros cuadrados donde los promotores no acreditaron la existencia de agua para albergar un centro logístico y una ciudad circuito con hoteles y servicios-. El TSJ desestimó la suspensión provisional pedida por los abogados del Estado porque los promotores probaron la existencia de agua. Completan la lista otro plan de mejora en Oliva, el plan general de Alfara de Algimia, un proyecto en Aldaia o el plan general de Algar del Palancia. En esta última localidad, la Delegación del Gobierno envió un escrito al juzgado dando luz verde al PGOU. El Consistorio garantizó a la CHJ el abastecimiento de agua a los 1.600 nuevos residentes.

Otras organizaciones ajenas al Estado han impugnado, con desigual suerte, otros planes urbanísticos. Es el caso de Ecologistas en Acción, movimientos vecinales y partidos políticos.