El Gobierno recurrirá los planes urbanísticos que no garanticen el agua y las infraestructuras

El Gobierno, a través de sus tres subdelegaciones en la Comunidad Valenciana, recurrirá ante los tribunales la aprobación de los PAI (Programas de Actuación Integrada) que no garanticen el agua, las infraestructuras y el respeto a la costa. La primera acción en este sentido se produjo este enero cuando la subdelegación de Valencia anunció un recurso contra la aprobación del PAI de la Vega de Cullera. El portavoz de Territorio del PSPV, Eugenio Burriel, advirtió ayer, por otro lado, que los PAI reclasificatorios sin la revisión previa del plan general son " nulos".

AUN presenta un informe que cuestiona la constitucionalidad de la nueva ley

Los promotores destacan la estabilidad y mayores garantías jurídicas de la LUV

El Gobierno vigilará que los PAI que salen aprobados de las comisiones territoriales de urbanismo de la Generalitat cumplan con la legislación y garanticen, por ejemplo, la cantidad y calidad de las aguas de abastecimiento, la movilidad del tráfico o el respeto al dominio marítimo-terrestre. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a través de sus tres subdelegaciones, observará "con lupa" la aprobación en los ayuntamientos de los PAI, y solicitará a la Generalitat que las confederaciones hidrográficas se incorporen -ahora no están- a las comisiones técnicas de Urbanismo, donde se ven los informes de las diferentes administraciones implicadas. Posteriormente, si los proyectos llegan a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat, encargada de la supervisión y aprobación de los PAI, con deficiencias en materia de Costas o de Fomento votarán en contra. Si el proyecto prospera sin correcciones, las subdelegaciones del Gobierno recurrirán por lo contencioso la aprobación de los PAI y solicitarán a los tribunales su paralización cautelar. "Es la mecánica que hemos elegido para demostrar que nuestra posición no es ni caprichosa ni ideológica", matizó ayer el subdelegado de Valencia, Luis Felipe Martínez.

La Delegación del Gobierno abrió este proceso el pasado 26 de enero, cuando el subdelegado anunció el recurso presentado ante los tribunales contra la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, adoptada el 15 de noviembre, que permite urbanizar la desembocadura del río Júcar, una vez sea homologado el plan parcial de la Vega de Cullera. Este plan, según el Gobierno, no acredita la existencia de recursos hídricos suficientes, podría invadir el dominio marítimo-terrestre y no garantiza la absorción del tráfico adicional que generará el desarrollo de este proyecto. La Consejería de Territorio interpretó el recurso como una intromisión en sus competencias sobre urbanismo.

También de urbanismo, más concretamente de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que entró en vigor anteayer, salió a opinar el secretario de Territorio del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel. Éste advirtió de que los PAI que reclasifiquen suelo rústico y se aprueben sin haberse revisado previamente los planes generales son "nulos de pleno derecho", ya que, señaló, "no pueden ser aceptados a trámite". El portavoz socialista apoyó su afirmación en un dictamen elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de València José María Baño.

En relación a la LUV, en vigor desde el miércoles, Burriel sostuvo que ni una nueva etapa en el urbanismo valenciano, como dijo anteayer el consejero Blasco, pone límites al crecimiento "depredador" de los últimos años. "El Consell", añadió Burriel, "confirmó ayer [por anteayer] que no piensa escuchar las llamadas de alerta y de preocupación que le han llegado".

El responsable socialista del Urbanismo constató que, al igual que sucedió con la LOTPP, la LUV ha creado un efecto llamada, "por eso la oleada de PAI que se han presentado días antes de que entrase en vigor la nueva ley". Burriel acusó además a Blasco de actuar con "opacidad y falta de transparencia" y criticó los porcentajes y ratios que el consejero ofrece para acreditar que el grado de urbanización es escaso en la Comunidad Valenciana. "La Comunidad Valenciana es después de Murcia la de mayor ocupación", aseguró Burriel, quien interpelado por el origen de este dato, respondió que no podía desvelarlo y añadió que "el consejero lo tiene [el dato]".

En sentido diferente se expresaron ayer profesionales y expertos en urbanismo convocados a unas jornadas por la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana y que hoy tiene previsto clausurar el consejero Rafael Blasco. En una nota de prensa -la sesión fue cerrada a los medios de comunicación-, la organización destacó "la estabilidad y las mayores garantías jurídicas que las nuevas leyes aportarán al urbanismo valenciano".

Por su parte, la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) presentó ayer ante la Delegación del Gobierno en Valenciana un informe jurídico que cuestiona la constitucionalidad de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV). La asociación instó a la Delegación del Gobierno a trasladar este informe a los servicios jurídicos del Estado para que constaten su contenido y determinen si es viable interponer un recurso de incontitucionalidad contra la LUV que "no es acorde a la Constitución, la legislación básica estatal ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". Según el informe de los asesores de colectivo de propietarios, la LUV "prima el derecho o a la iniciativa empresarial sobre el derecho a la propiedad, contemplado en la Constitución y en el protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Los afectados consideran que la LUV permite continuar las "reclasificaciones de suelo" posibilitando que el suelo no urbanizable se reclasifique como urbanizable mediante compensaciones.

El informe jurídico, difundido ayer, concluye asegurando que los derechos de los propietarios no se incrementan y se ven inmersos, cuando se inicia un proceso de ejecución de una urbanización por un agente urbanizador, en total incertidumbre respecto de sus derechos, y además denuncia la "falta de conformidad" con el derecho comunitario, en especial, con las directivas sobre contratación pública. En este apartado AUN resalta que no se obliga a anunciar la licitación de las obras de urbanización por el urbanizador en el Diario Oficial de la Unión Europea, si las cantidades superan los máximos comunitarios.