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Imputado el exdirector de Consumo por una adjudicación irregular

La agencia pública catalana contrató a un despacho de abogados vinculado a un hijo de su director

Alfons Conesa (en el centro), en una imagen de archivo.
Alfons Conesa (en el centro), en una imagen de archivo.

Un juez de Barcelona ha imputado al exdirector de la Agencia Catalana de Consumo, Alfons Conesa, por presuntas irregularidades en un concurso público. Conesa intervino, supuestamente, en la adjudicación de un servicio de asesoramiento a un despacho de abogados vinculado a su hijo, Alfons Conesa Pagès. El alto cargo, nombrado en 2011 por el expresidente Artur Mas, declaró hace unos días como investigado ante el juez por los delitos de prevaricación, falsificación documental y revelación de información privilegiada, confirmaron a EL PAÍS fuentes judiciales. Conesa es el único imputado en el proceso penal pero, de forma paralela, Competencia ha abierto expedientado al bufete por “coordinarse” para “alterar” el resultado del concurso.

La historia viene de lejos y entronca directamente con el escándalo de las participaciones preferentes, los productos financieros de alto riesgo que atraparon los ahorros de cientos de miles de personas. Consumo decidió encargar a una empresa externa un servicio para analizar y evaluar las reclamaciones de los usuarios de banca relacionadas con las preferentes. Y también, para atender las crecientes quejas sobre telefonía móvil, explican a este diario fuentes conocedoras del proceso.

La Agencia Catalana de Consumo planteó un procedimiento negociado, que consiste en invitar a empresas del sector para que diseñen el modelo que más se adecua a las necesidades de la administración. Después, abrió un concurso que ganó el despacho barcelonés AGM Abogados. Uno de los hijos del exdirector de Consumo, del mismo nombre, mantenía entonces vínculos con el despacho. Ayer, el bufete se limitó a comentar que Conesa hijo ya no trabaja allí. El ex alto cargo de Mas también es padre de Mercè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona.

Comisiones Obreras detectó irregularidades en el proceso. La más flagrante, en su opinión, que un mes antes de la adjudicación AGM ya estaba trabajando en el proyecto y había ofertado, en el portal Infojobs, una veintena de puestos de trabajo. La denuncia fue remitida a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). El organismo fiscalizador remitió sus conclusiones a la Fiscalía que, a la vez, inició una investigación y concluyó, el pasado verano, que existían indicios de delito. La Fiscalía denunció ante el juez solo a Conesa, al concluir que el despacho y los abogados —contra los que también se dirigía la denuncia inicial— no habían cometido ningún delito.

El pasado 4 de octubre, Conesa declaró como imputado ante el titular del juzgado de instrucción número 8 de Barcelona. También declararon, como testigos, trabajadores de Consumo.

Expediente al bufete

A diferencia de lo que ocurre en la vía penal, en la administrativa el caso sí puede tener consecuencias para AGM. La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) comunicó hace unos días la apertura de un expediente sancionador contra el bufete y contra tres personas, identificadas con iniciales: M. H. M., M. T. T. y A. C. P. Este último es Alfons Conesa Pagès. Tras una inspección realizada el pasado junio, la ACCO cree que “existen indicios” de que los implicados “se habrían, presuntamente, coordinado en la presentación de ofertas” para lograr la adjudicación del servicio de asesoramiento sobre preferentes. Su objetivo fue, señala la agencia, “alterar el resultado” del concurso. Esa conducta, agrega, “podría ser constitutiva de una infracción” por “presuntas prácticas restrictivas de la competencia” que están prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. La ACCO matiza que la incoación del expediente “no prejuzga la resolución final”.

Conesa dejó el cargo de director en marzo de 2016. Apenas dos meses después, se incorporó a la patronal Cecot como asesor en el área de consumo. Comisiones Obreras le denunció de nuevo por vulnerar el régimen de incompatibilidades que impide, a los altos cargos, dedicarse a actividades vinculadas a su responsabilidad durante dos años. Antifraude, sin embargo, acaba de archivar esta segunda denuncia, informó ayer el sindicato.