La CUP ignora las peticiones de la justicia y del Gobierno

La CUP insistió ayer en ignorar los requerimientos del Gobierno y de la justicia en los diversos frentes que tiene abiertos. Por un lado, cuatro alcaldes de la formación anticapitalista en Girona anunciaron que desoirán la petición para que informen de las razones por las que abrieron los Consistorios de Celrà, Verges, Mieres y Viladamat el 12 de octubre.

Por otro, la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, plantó por segunda vez al juez que la había citado como investigada por mantener la estelada de la fachada del Ayuntamiento en las pasadas elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 y las generales del 20 de diciembre

A estos gestos de la CUP ha de sumarse la petición que realizó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de citar a declarar en calidad de investigado al concejal de Vic Joan Coma. Se le imputa un delito de incitación a la sedición por haber apelado a la desobediencia de los tribunales españoles durante un pleno municipal celebrado el pasado 9 de diciembre. Todo hace pensar que el edil tampoco acudirá a esa cita judicial que tiene su origen en una denuncia de la fiscalía a partir del atestado policial que realizaron los Mossos d'Esquadra.

Mientras, el subdelegado del Gobierno en Girona reclamó a los alcaldes de cuatro municipios de Girona que le informen si abrieron los ayuntamientos el pasado 12 de octubre, qué servicios prestaron, si trabajaron empleados públicos y una copia del acuerdo por el que abrieron los edificios.

La CUP considera “absurdo” el requerimiento, porque es de dominio público esa información, y razona que no se trata de una práctica nueva. En el caso de Celrà y Viladamat es el quinto año consecutivo en que esa festividad transcurre “con normalidad” como día laborable y anunciándolo abiertamente, sin que se haya recibido ningún requerimiento.

La CUP explica que lo ocurrido solo se entiende a partir de la polémica iniciada por la denuncia del PP en Badalona, “que ha disparado los engranajes del Estado para atacar la autonomía municipal y el movimiento independentista”. Por eso piden a la subdelegación del Gobierno que no destine recursos públicos a “persecuciones ideológicas”.

En el caso de la alcaldesa de Berga, investigada por un delito electoral, anunció: “Volveré a desobedecer y no iré al juzgado”, dijo. Después arremetió contra “la legalidad que solo acepta una minoría” y dijo que, como alcaldesa se debe al pueblo y que solo respetará la decisión del pueblo.