Más del 40% de los vigilantes de parquímetros denuncia agresiones

Puede empezar con el insulto o la amenaza, pasar por el empujón o el escupitajo y acabar con disparos en la cabeza desde un balcón con una escopeta de aire comprimido. Las personas que vigilan los parquímetros de la zona azul y verde de Barcelona viven al año una media de 117 agresiones. Eso supone que un 35% de la plantilla desde 2009 sufre ataques físicos o verbales cuando hace su trabajo, según un informe pericial encargado por Barcelona Serveis Municipals (B:SM) el año pasado. En 2014, el 41% de los trabajadores (134 de 329 personas) notificó a sus superiores que padeció una situación de violencia en la calle.

El comité de empresa pide que se reconozca a estos trabajadores la categoría de autoridad como auxiliares de la Guardia Urbana. Eso les garantizaría una mayor protección legal así como un aumento de la consideración social de las personas que controlan las zonas de estacionamiento regulado en la ciudad, con más de 112.000 plazas a su cargo entre zona azul, zona verde, zona verde exclusiva, plazas de carga y descarga y estacionamiento para motocicletas. También pide que el patrullaje sea en pareja —algo que ya se da en algunas áreas de zona verde exclusiva y otras alejadas del centro—, lo que les permtiría mayor protección en situaciones de riesgo.

De todas las agresiones, 20 pasaron por la mútua de accidentes de trabajo el año pasado, según los datos que facilita B:SM. Según esas mismas cifras, seis fueron agresiones físicas, cuatro verbales, y otras 10 incidentes que acabaron en los juzgados. De media desde el año 2009, un 7% de los trabajadores agredidos necesita la baja médica, recoge el informe de los peritos judiciales.

C. T. no olvida la tarde de diciembre, en plena campaña de Navidad, cuando una pareja la emprendió a golpes con ella y su compañera. C. T. vio un vehículo que había pagado 50 céntimos, y hacía ya más de una hora que sobrepasaba el tiempo de estacionamiento. Se dispuso a denunciarlos cuando apareció la pareja cargada con juguetes. Le pidieron que retirase la denuncia, que podían anular al momento pagando seis euros, a lo que ella se negó. Después de que les insultasen, y al ver que el ambiente se caldeaba, ella y su compañera decidieron irse.

“Caminábamos ya por Mallorca, a la altura de la calle Independencia, oímos unos pasos, fue girarnos, y mi compañera recibió una patada en el estómago y quedó doblada. Empezaron a darnos puñetazos”, explica por teléfono C. T. Al final, pidieron ayuda por el walkie. Después de un largo trasiego judicial, acabaron condenando a la pareja.

De las 705 agresiones notificadas desde 2009, solo un 21% han acabado en los juzgados. El motivo, según critican los sindicatos, es que durante el proceso se conoce la identidad de los agentes, lo que les genera indefensión. Cuando se interpone se hace constar el nombre, el apellido y el DNI de la persona.

B:SM recomienda que como domicilio se facilite la dirección de la compañía. “Hay compañeros que no quieren denunciar porque al no ser considerados agentes de la autoridad, están todos sus datos a la vista de cualquiera, incluso del agresor. Muchas veces se tiene miedo. Pedimos al menos tener seguridad jurídica cuando se vaya a juicio, que solo conste el número de placa”, reclama, como ocurre con la policía, José Luis Aznar, representante de UGT en el comité de empresa.

B:SM está sensibilizada con los casos de agresiones a los trabajadores, a los que da cursos de formación y prevención. En la actualidad estudia la posibilidad de incluir un botón de pánico en los walkies y prevé incorporar en 2017 una PDA con GPS para saber en qué lugar están los trabajadores. Aunque recuerda que la decisión de que los vigilantes sean autoridad requiere cambios legislativos.

El comité de empresa de B:SM ha llevado el caso a la Síndica de Greuges de Barcelona, que ha pedido al Ayuntamiento que elabore un informe sobre la posibilidad de considerar a los vigilantes agentes de la autoridad. La síndica solicita también que consulte a la Dirección General de Función Pública la posibilidad de reconocerlos como trabajadores públicos. “Se debería informar de que pegar a un vigilante no es gratuito”, reclama C. T.. Y recuerda que a pesar de lo que pueda parecer, su tarea no es únicamente sancionadora: “Pasamos incidencias, averías, roturas de baldosas… Informamos de si no funciona un semáforo, de si alguien se pierde o se cae. No solo denunciamos, muchas veces ayudamos, e incluso salvamos vidas de personas”.

“Hoy en día una agresión sale muy barata. Si fuésemos considerados autoridad en el ejercicio de las funciones sería distinto, no se quedaría en una mera falta”, lamenta Aznar. Y señala que los insultos ya “resultan normales”.

Dos de cada diez agresiones notificadas son físicas; el resto, un 80%, son verbales. “Os estoy grabando y lo voy a colgar en YouTube para que la gente vea lo malas que sois porque me estáis denunciando cuando estoy sacando el comprobante de pago”, recoge una denuncia presentada en 2014.

Que el individuo le hizo una foto, se puso a su lado y le dijo: si recibo una denuncia tengo medios y formas para cobrármela, sé dónde estáis, tú siempre estás en la misma zona, y tengo medios para cobrármela. Acuérdate, no se te olvide lo que te he dicho”, es otro ejemplo. “Te voy a joder la vida, eres un vigilante que no vale para nada, te vas a quedar sin trabajo, mi hijo es un urbano, le voy a llamar para que te echen en cuanto llegues a la oficina”, recoge la declaración de otro trabajador.