La crisis fiscal valenciana

Durante los 20 años de gestión del PP en la Comunidad Valenciana vendieron el Valencia Feliz. La realidad es que estaban montando la mayor burbuja inmobiliaria y de crédito desde que se fundó el Reino de Valencia en 1.238. En Valencia se creaba más empleo y la Generalitat ingresaba más impuestos vinculados a la burbuja. Sobre esa base de ingresos ficticios los gobernantes valencianos gastaban sin ningún control como si el dinero fuera público.

La burbuja pinchó y uno de cada cinco valencianos perdió su empleo. Comunidad Valenciana tiene un 21% de paro, elevado paro juvenil y desigualdad y no es feliz. Pero sigue siendo una economía competitiva con excelentes empresas y trabajadores. Desde el verano de 2013 que comenzó la recuperación el empleo en la Comunidad Valenciana ha crecido 9% y en toda España el 6,5%. La corrupción y el desempleo llevaron a los valencianos a votar cambio. Con un gobierno de izquierdas honesto liderado por Ximo Puig el empleo crece más que hace un año.

Pero la Comunidad Valenciana sufre una grave crisis fiscal. El gobierno del PP aplicó recortes de gasto brutales próximos al 20% nominal y el gasto por habitante es inferior en Valencia que en el promedio. Por lo tanto, ya no hay despilfarro.

Valencia tiene un problema de infrafinanciación sistémico y otro idiosincrásico. Sistémico, compartido con el resto de comunidades, ya que el 80% de los ingresos provienen del IRPF e IVA y son insuficientes para cubrir el gasto estructural en educación, sanidad y dependencia. Es necesario que continúe la creación de empleo, que suban los salarios, que Europa apruebe un plan de inversiones y una reforma fiscal que cubra el agujero de la burbuja como pide Bruselas.

Pero los valencianos tienen un problema idiosincrático. Los cambios demográficos les han perjudicado en el modelo de financiación. Zapatero mejoró el problema en 2009 aumentando el ratio de suficiencia 5 puntos porcentuales y en 2016 es donde más crecen las transferencias, pero siguen por debajo de la media.

La Generalitat necesita mejorar su rating para volver a emitir deuda en los mercados. Mientras tanto necesita un sistema de gestión de la deuda más racional e institucional. El FLA es discrecional y decide Montoro con criterios políticos para penalizar a las comunidades donde ya no gobierna el PP que son mayoría.

España tiene que seguir avanzando a un modelo federal y la crisis fiscal es una gran oportunidad como sucedió en EEUU tras la guerra de secesión. Pero no hay indicios de vida vida inteligente en Moncloa.