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El Parlament vuelve a votar por el referéndum pese al Constitucional

Junts pel Sí y la CUP apoyan a Puigdemont y acuerdan que la consulta se celebre en septiembre de 2017

Primera sesión del debate de política general en el Parlament.

El Parlamento catalán aprobó ayer otras dos resoluciones que abren la vía a un referéndum de independencia, pese a las sentencias contrarias y advertencias del Tribunal Constitucional. La mayoría independentista de Junts pel Sí y la CUP refrendó el compromiso de convocar la consulta en septiembre de 2017 que había hecho la semana pasada Carles Puigdemont. Pero la gran victoria del presidente catalán fue la segunda resolución: la confluencia de izquierdas defendió el referéndum omitiendo la referencia expresa a la necesidad de pactarlo con el Estado.

La resolución de Sí que es Pot, apoyada por Junts pel Sí, logró más votos (73) que la propuesta por las dos fuerzas que apoyan al Gobierno de la Generalitat: Junts pel Sí y la CUP (72). Ese nuevo frente en el Parlament, que cuenta con 135 escaños, representa el reconocimiento para Junts pel Sí de que puede tejer alianzas con otras formaciones más allá de la CUP. Ese acercamiento lo avaló el apoyo que los diputados de Junts pel Sí dieron a muchas resoluciones presentadas por la confluencia de izquierdas y que, así, pudieron ser aprobadas. Algunas se centraban en la precariedad laboral y una iba contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP).

El texto de Catalunya Sí que es Pot, aprobado con 73 votos a favor, 52 en contra y 10 abstenciones, reclama que, antes de convocar ese hipotético referéndum, se busque “el reconocimiento previo” de la UE y la comunidad internacional. Es mucho más laxo que el texto presentado conjuntamente por Junts pel Sí y la CUP, que logró 72 votos a favor, la abstención de los 11 de Sí que es Pot -votó en contra de alguno de los puntos- y ninguno en contra porque Ciudadanos, PSC y PP se negaron a votaron. Las dos formaciones independentistas desarrollan en su propuesta cómo se ejecutaría esa fase final del proceso independentista: el referéndum tendría una pregunta con respuesta binaria, bastaría que el obtuviera un 50% de los votos y, en caso de que éste ganase, seis meses después se convocarían elecciones constituyentes para iniciar la redacción de la constitución de esa hipotética república catalana. Además, ayer se aprobó que los próximos Presupuestos incluyan partidas para convocar el referéndum.

El debate arrancó con el anuncio del Partido Popular y de Ciudadanos de que no participarían en la votación de las cinco resoluciones de carácter secesionista, al alegar que emanaban de la declaración de inicio del proceso de independencia aprobada el 9 de noviembre de 2015; y que el Constitucional, además de anular aquella resolución, había advertido a la Cámara y personalmente a los miembros de la Mesa de que no podía seguir tomando decisiones que desarrollasen la hoja de ruta independentista. Ciudadanos y PP intentaron en vano que las resoluciones no se sometieran a votación.

El aviso del Constitucional

El pasado 19 de julio, en un auto referido a la creación de la “comisión de estudio del proceso constituyente” en el Parlamento de Cataluña, el Tribunal Constitucional lanzó una advertencia clara a la Cámara catalana: no puede seguir desarrollando un plan independentista al margen de la Constitución.

El tribunal subrayaba que un Parlamento autónomo no puede “arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad”; y que no es “admisible” que tome decisiones encaminadas a “dar continuidad y soporte” al plan independentista.

El auto terminaba así: “Advertir a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados”.

El popular Enric Millo esgrimió que los textos quedaban fuera de la legalidad y reveló que el letrado mayor del Parlament había expresado sus dudas razonables sobre la conveniencia de votarlo. Marta Rovira, portavoz de Junts pel Sí, negó la mayor invitando a que simplemente apretaran el botón rojo del no, y Anna Gabriel, de la CUP, replicó que con esa conducta quedaba reflejado quién está fracturando a la sociedad. “Les estamos dando una lección porque nosotros votaremos las suyas”, afirmó. Los socialistas tampoco participaron en la votación.

La sesión en el Parlament coincidió con las noticias que llegaban del Constitucional y el Tribunal Supremo vinculadas al proceso independentista. El diputado de Junts pel Sí Jordi Turull pidió a la presidenta del Parlament que se leyera en voz alta una resolución en solidaridad con las personas encausadas por la consulta ilegal del 9-N de 2014. Ese fue el texto que recibió un apoyo más unánime del pleno, con 83 diputados a favor. En él se conmina al Parlament a defender a “todos los cargos electos” que estén “amenazados” o “perseguidos” judicialmente por la organización de la consulta del 9-N o por cualquier otro acto vinculado con el proceso soberanista. Fue presentado de forma conjunta por Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot. Ciudadanos, el PSC y el PP votaron en contra. El socialista Ferran Pedret alegó que se desmarcaban porque rechazan la unilateralidad y, por tanto, no sentían “comprensión ni solidaridad” con la presidenta. La resolución presentada por el PSC, que aboga por la construcción de una España federal, fue objeto de una severa derrota. Solo los 16 diputados del PSC votaron a favor; hubo 108 votos en contra y diez abstenciones.

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