El ‘president’ anuncia la creación de 7.000 plazas de funcionarios

El Gobierno catalán da por concluida la etapa de reducción del empleo público. Presionado por la CUP para que ponga fin al adelgazamiento de la Administración y necesitado de los votos de los anticapitalistas para sacar adelante los Presupuestos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acudió ayer al debate de Política General con una promesa que se incardina en las Cuentas autonómicas de 2017: la creación de 7.000 plazas de funcionarios.

El anuncio es llamativo, aunque su ejecución no supone a la práctica la creación de 7.000 nuevos empleos, sino la consolidación de puestos de trabajo ya existentes que ahora se cubren con interinos. Puigdemont aseguró que se trata de cubrir “servicios esenciales” y enumeró cuál es la propuesta del Gobierno: 2.500 médicos y enfermeros, 2.000 maestros, 500 Mossos d’Esquadra, 150 bomberos y, entre otros, 300 empleados de la Agencia Tributaria. En ese último caso, una propuesta de resolución presentada por el grupo de Junts pel Sí insta, a falta de ser aprobada hoy, a incrementar el cuerpo de la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude.

El anuncio no acabó de entusiasmar a los sindicatos. UGT por no tener en cuenta a todos los funcionarios; CC OO porque considera que la propuesta no cubre el recorte de empleo público que ha sufrido la Generalitat en el último lustro de ajustes en la Administración. Según el Ministerio de Administraciones Públicas, la Generalitat redujo su número de empleados entre 2012 y 2014 con un tijeretazo en sus plantillas que afectó a más de 13.000 personas.

Durante su discurso, Puigdemont reconoció que la Generalitat tiene “una gran deuda” con los funcionarios y esgrimió que continúan trabajando para asumir la paga extra de 2012, no desembolsada, y subir los salarios un 1%.

Puigdemont encajó esos deseos, además del de trabajar junto a entidades sociales para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros, en un debate centrado en las diferencias en materia fiscal entre Junts pel Sí y la CUP, lo que complica la negociación y posterior aprobación de los Presupuestos.

Puigdemont negó en su discurso que el proceso político iniciado en 2012 en Cataluña no haya provocado ninguna fuga de empresas e indicó que el número de 948 empresas que el año pasado abandonaron Cataluña es inferior a la sangría que sufrió la Comunidad de Madrid.

Respecto a las políticas sociales, por las que recibió críticas generalizadas de Ciudadanos, el PSC y Catalunya Sí que es Pot, Puigdemont intentó convencer al resto de partidos de los esfuerzos en políticas activas de empleo, con las becas-comedor y asegurar el derecho a la vivienda a la población.

La intervención de Puigdemont ha estado repleta de acusaciones al Gobierno central por falta de inversiones en Cataluña. Se ha referido a la infradotación en infraestructuras, centrándose en las sucesivas incidencias de la red de Rodalies y en el bloqueo del corredor mediterráneo. Pero sus acusaciones también han ido en la línea de la deslealtad institucional, al recordar que el Estado ha cedido competencias a la Generalitat sin la transferencia de recursos pertinentes. Ha puesto como ejemplo que, pese a que tiene la obligación de asumir el 50% de la Ley de Dependencia, el Estado solo asume el 18%. Y una referencia similar ha hecho respecto a la política de seguridad, denunciando que no se traspasan recursos. "Por eso queremos un Estado propio", ha concluido.